No es la primera vez que las autoridades educativas amenazan con cancelar a los profesores que abandonen las aulas para sumarse a las jornadas de protesta convocadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en demanda de aumento salarial y otras reivindicaciones.Ya lo hicieron los exministros de Educación, Pedro Porrello Reynoso y Julio Ibarra Ríos en el Gobierno de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, respectivamente, en la década de los 80.
La historia registra que durante el año escolar 1979-80, Porrello Reynoso pasó de las palabras a los hechos, movido por el gran activismo de la ADP, que culminó en una gran huelga de maestros que paralizó la educación nacional.
Frente a la situación, el funcionario decidió con el apoyo del presidente Guzmán, debilitar al sindicato, cancelando a sus dirigentes y a todos aquellos (alrededor de 100) que de una u otra manera apoyaron y colaboraron en la organización de la protesta.
La acción provocó la interpelación del funcionario por parte de la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que había violado la Ley Orgánica de Educación y la ley 874 sobre escalafón magisterial.
Según registra el periódico elCaribe de la fecha, citado en el libro “Historia de la Cámara de Diputados tomo II 1978-2000”, el entonces secretario de Educación deploró la acción ya que según él, se conocerían las “inmoralidades e irregularidades” cometidas por muchos de los cancelados, generando una imagen negativa del magisterio nacional.
La interpelación se produjo a finales de agosto de 1980 en cinco maratónicas sesiones de más de siete horas, varias veces interrumpidas por los disturbios en los pasillos. Porrello, acompañado de seis funcionarios de Educación, que tenían bajo su poder una caja y tres maletas con 109 expedientes de los suspendidos, reiteraba que sólo se habían producido suspensiones, y que los expedientes de los maestros suspendidos estaban abiertos para fines de investigación y que debía ser el presidente Antonio Guzmán el que decidiera en cada caso la cancelación o reintegración de los profesores.
Según el artículo 7 de la ley orgánica de las secretarías de Estado, “los secretarios de Estado no podrán nombrar o destituir definitivamente funcionarios o empleados, pero pueden suspenderlos transitoriamente sin disfrute de sueldo, y designar sustitutos, y comunicarlo el mismo día al Presidente de la República”.
“Habría que preguntarse si nada vamos a hacer frente a la gran mayoría de profesores y directores buenos que desempeñan su labor bajo el asedio constante de grupos extremistas, que no descansan en sus propósitos de politizar la escuela a través de luchas estériles ya que se han anotado dolorosamente, muertes en riñas escolares. La escuela dominicana casi desaparece, casi muere, casi queda estrangulada en medio de ese estado de lucha grupal e ideológica que la mantiene situada, con patética zozobra para maestros, alumnos y padres”, dijo Porrello en la histórica sesión.
Al final de la interpelación los diputados concluyeron que Porrello habría incurrido en la violación de los artículos 35, 74, 79 y 80 de la Ley Orgánica de Educación no. 2909, de fecha 24 de julio de 1951, y el artículo 43 de la ley no 874, de fecha 31 de julio de 1978, sobre el estatuto y escalafón magisterial.
Asimismo, se le acusó de tomar medidas y adoptar decisiones que vulneraban el principio de la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos, en violación del artículo 8, ordinal 7, de la Constitución de la época, razón por la que emitieron un voto de censura contra él y recomendaban al presidente de la República la reposición de los cancelados.
Más recientemente, durante la gestión de Hipólito Mejía en 2000-2004, ordenó a la entonces ministra Milagros Ortiz Bosch, sustituir los maestros por guardias y policías. l
Navarro
Amenazó con nombrar maestros en las seccionales que se nieguen a cumplir parcial o totalmente sus labores.
