Luego de que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, diera a conocer algunos detalles del acuerdo económico, suscrito entre Odebrecht y el Estado dominicano, diversos sectores han manifestado su respaldo o su rechazo, a los resultados de la negociación. El jurista Eduardo Jorge Prats elogió el acuerdo a través del cual la empresa se comprometió a pagar 184 millones de dólares al Estado dominicano y aseguró que “es el mejor en la historia del país en esa materia”.
No obstante, aclaró que el mismo deberá ser validado por un juez a los fines de que la acción penal contra la empresa se pueda extinguir, ya que de lo contrario Odebrecht y sus trabajadores pudieran ser objeto de sanciones penales.
“El acuerdo per se está en fase del proceso penal, es confidencial y tiene que judicializarse su aprobación y homologación”, explicó.
Jorge Prats resaltó que en el aspecto penal, el acuerdo garantiza celeridad del desarrollo del caso y no excluye de persecución a nacionales o extranjeros implicados en el soborno admitido por la empresa brasileña.
Además, en cuanto al resarcimiento económico, comentó que es la primera vez que el Estado recibirá lo que establece la ley, dentro de un plazo preferencial.
“Ha quedado estipulado que, antes de arribar a la mitad del período otorgado para realizar el pago de los US$184 MM correspondiente al duplo de lo que Odebrecht admitió haber pagado en calidad de soborno, la empresa debe haber pagado la mitad del dinero al Estado, debiendo pagar intereses por cada día de atraso en el pago en las fechas establecidas”, refirió.
Mencionó que otro de los puntos de gran relevancia es el referido al área penal, ya que “si bien es cierto que hay un compromiso de no persecución contra la empresa y sus empleados directos, no menos cierto es que el Ministerio Público ha quedado con la libertad y la potestad de perseguir penalmente, a toda persona jurídica y moral, nacional o extranjera, que haya sido beneficiada con ese soborno”, aclaró.
Jorge Prats, quien además es asesor técnico de la Procuraduría, también recordó que el acuerdo obliga a Odebrecht a que tan pronto como se obtenga la homologación ante un juez competente, suministre información de calidad al Procurador General, que permitan identificar a los favorecidos, a los fines de que éstos puedan ser sometidos a la Justicia.
“Si Odebrecht no suministra dentro del marco del compromiso asumido de la colaboración las informaciones requeridas por el Ministerio Público, de inmediato el acuerdo queda sin efecto y tendría consecuencias penales contra los representantes directos y la misma empresa. En esa parte se ha sido claro y categórico y no está sujeto ese aspecto a otra negociación”, explicó.
Debe haber sanciones penales
Mientras que el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, manifestó que el acuerdo no debe verse como un compromiso sólo económico sino penal.
“Insisto que el problema no es económico sino penal, es de buscar responsables. Si entrega el dinero en partes no satisface en ninguna medida la reacción de la sociedad que espera resultados”, dijo.
Radhamés González, vocero del bloque del Partido Revolucionario Dominicano, consideró que el procurador llevó a cabo una buena negociación, ya que adelantó los procesos que establecen la ley que castiga el soborno.
Señaló que la ley 448-06 sobre soborno en comercio e inversión establece condiciones específicas, como que la compañía que incurrió en ese delito devuelva el duplo del soborno y se le suspendan sus operaciones a cinco años.
“Si no se llega a un acuerdo, como el que hizo el procurador, eso se va a los tribunales y cuando estos determinen en un juicio entonces se hace lo que establezca la justicia” aseveró.
Sin embargo, aclaró que el acuerdo en ninguna medida exime al Ministerio Público de continuar las investigaciones.
En tanto, que el diputado Nacional Fidelio Despradel calificó el acuerdo como inadmisible y señaló que es responsabilidad del procurador abocarse a los acuerdos internacionales que se han firmado para buscar la ayuda de investigadores internacionales para que junto a investigadores dominicanos serios evalúen la sobrevaluación de las obras. “El Procurador tiene todos los elementos, incluso un acuerdo con la ONU, para solicitar técnicos extranjeros”, puntualizó.
PC dice acuerdo excluye las sobrevaluaciones
Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, manifestó su desconcierto sobre el contenido, términos y plazos que han sido revelados hasta ahora.
“El acuerdo parece excluir las sobrevaluaciones en los contratos adjudicados a Odebrecht a través del soborno, los 163 millones de dólares que dicha empresa admite haber ganado gracias a los sobornos, que se constituyen con toda claridad en enriquecimiento ilícito, y el costo financiero del dinero de los contribuyentes dominicanos. Pretender que no se devolverá lo que la empresa se ganó con el fraude, equivale a decir que bastará con que devuelva lo robado para librarse de todo tipo de sanción y para colmo seguir operando en la República Dominicana como si nada hubiese pasado”, aseguró.
