La sociedad dominicana tenía entendido que la Ley Ambiental 64-00 y la Ley de Áreas Protegidas 202-04 eran aplicables a todos los sectores nacionales bajo los mismos criterios ambientales y sociales, y que en tal virtud las agresiones al medio ambiente deben ser enfrentadas indistintamente de quién las produzca, dónde las produzca y cómo las produzca, pues en todas las luchas ambientales lo importante es garantizar que las presentes y futuras generaciones puedan disfrutar de agua limpia y pura que facilite la sostenibilidad de la vida, puedan disponer de suelos fértiles productivos que nos permitan cultivar los alimentos de la subsistencia generacional, puedan tener bosques altos y densos capaces de atrapar el vapor de agua que viaja en forma de nube lenticular, y puedan vivir rodeados de aire limpio que permita respirar sin dañar el sistema bronquial.
Pero en el actual caso de nuestras luchas ambientales en favor de la preservación de los bosques y de las aguas del Parque Nacional de Valle Nuevo, ha quedado evidenciado que para algunas figuras públicas y para algunos intelectuales las luchas ambientales son circunstanciales, pues conocidas figuras religiosas e intelectuales que ayer organizaban viacrucis y se enfrentaban a las autoridades y a los tribunales reclamando que la loma Miranda fuese declarada parque nacional, no obstante saber bien que esa loma es parte de una concesión de explotación minera otorgada por el Poder Ejecutivo en el año 1955, y que al amparo de la Ley Minera 146-71 es válida hasta el año 2030, hoy, esas mismas figuras se quitan la ropa verde ambiental para ponerse la ropa de los agricultores que en violación a la Ley de Áreas Protegidas han invadido y dañado el Parque Nacional Valle Nuevo, sabiendo ellos que, tanto ayer, en la loma Miranda, como hoy, en Valle Nuevo, se han colocado del lado contrario a la ley.
Y los hechos son evidentes y contundentes, pues mientras en el caso de la loma Miranda el único río en discusión era el río Jagüey, el cual conforme a los datos hidrométricos del INDRHI apenas transporta 1 metro cúbico por segundo, y suple de agua a dos pequeñas comunidades cercanas a La Vega, pero se magnificaba y se decían que Miranda representaba el agua de la vida nacional y que por tal razón no se debía tocar; ahora, en Valle Nuevo, enarbolan un discurso contrario a la protección del medio ambiente, cuando ahora es que realmente se puede decir en voz alta que la depredación forestal afecta a los ríos Nizao, Las Cuevas, Grande, Ocoa, Tireo, Blanco y Yuna, es decir, los ríos más importantes del país y de los cuales depende más de la mitad de la población dominicana, comenzando por el acueducto de Santo Domingo y el acueducto de San Cristóbal, para seguir con los canales Nizao-Najayo, Marcos A. Cabral, Ysura y la zona arrocera del bajo Yuna, además de las aguas de Constanza, Tireo, La Vega, Bonao, San José de Ocoa, Baní, Azua, Vicente Noble, Tamayo, Barahona, etc.
Para la prensa y para la gente ha sido muy evidente que al correlacionar las dos más recientes luchas ambientales nacionales ha quedado más que claro que mientras en el caso de la loma Miranda algunas conocidas figuras pedían violar la Ley Minera 146-71 para declararla parque nacional por sesgo anti minero, en el caso de Valle Nuevo, por sesgo pro alimentario, ellos prefieren que se viole la Ley de Áreas Protegidas 202-04 y que se destruya el patrimonio hidrológico natural más importante del territorio nacional, porque si la lucha ambiental es contra empresas mineras depredadoras ellos están en primeras filas a todas horas, pero si la lucha ambiental es contra la agropecuaria que daña un protegido parque nacional ellos cruzan el alambrado y se colocan del otro lado. Pero lo que es peor, es que lo dicen frente a la prensa y sin ningún rubor.
Está claro que cada ciudadano tiene legítimo derecho de colocarse del lado de sus intereses políticos, sociales, ambientales, religiosos o comerciales, pero lo que no está nada bien es que para alguien justificar sus defensas ambientales recurriera a plantear, en el pasado reciente, una violación a la Ley Minera 146-71, y, peor aún, ante su evidente falta de razón se recurriera a la descalificación moral de quien argumentaba, con toda razón, frente a la prensa y frente a la población, que no se podían superponer derechos ambientales nuevos sobre derechos mineros viejos, porque en un Estado de Derecho, los derechos preexistentes se respetan, tal y como luego lo escribió el propio presidente de la República al dirigir al Congreso Nacional su carta de devolución del proyecto de ley Miranda que no encontró promulgación, y que esas mismas personas salgan hoy a defender que sus amigos agricultores violen la Ley de Áreas Protegidas 202-04, cuando se supone que la ley es la misma y es igual para todos, oigan bien, para todos.
Es evidente que en materia de medio ambiente Valle Nuevo nunca ha sido importante para algunos exponentes del fundamentalismo ambiental y social, y prueba de ello es que cuando un gran incendio forestal devoró 85,000 tareas de pinos en Valle Nuevo, ninguno de ellos subió un solo jarro de agua para ayudar a extinguir ese feroz incendio, como ahora ninguno de ellos tiene ningún interés particular en que la agropecuaria salga de ese protegido lugar, pues sólo serían capaces de defender a Valle Nuevo, y sin ninguna espera, si quien estuviese destruyendo la flora de allí fuese una industria minera.
