La corrupción es un tema de toda la sociedad. Se trata de un mal que afecta la convivencia e instituciones. Se combate con normas jurídicas preventivas y punitivas; con ellas los tribunales disponen del orden jurídico para sancionar. Eso significa que la corrupción se judicializa, no se politiza; se pone a cargo del sistema judicial, que es un Poder del Estado, con facultad de establecer responsabilidades penales personales e individuales.
Cuando un acto de corrupción se somete a un tribunal como querella, significa que se le está imputando a una o más personas identificadas; cuando se hace como denuncia, es necesariamente sin precisar a quien se imputa. La denuncia es una figura jurídica que no señala ningún nombre.
Cuando la corrupción se politiza, se trata de un acto público que no pretende denunciar y mucho menos querellarse, sino agraviar políticamente buscando disminuir la fuerza del contrario. Llevar el tema a ese plano es un acto de irresponsabilidad y niega la intención real de combatirla.
En consecuencia, combatir la corrupción es fortalecer las instituciones del Estado que tienen a su cargo regularla y los tribunales para sancionarla. De ahí que cuando se politiza, lo que se pretende es judicializar la política, que es algo que viene sucediendo en muchos países, especialmente, de América Latina.
Como es un delito, se politiza haciéndola pública sin sustentación, aprovechando un escándalo como el de la empresa brasileña Odebrecht, pero de manera especulativa para dañar imágenes de personas y de gobierno. Quien favorece combatir la corrupción, no la politiza.
Si se ha iniciado una investigación sobre el comportamiento de esta empresa, Odebrecht, eso es lo que debe fortalecerse y cuidarse para que se realice a fondo y que actúe el tribunal debidamente apoderado.
No es con una marcha que se va a combatir ni a sancionar; ésta tiene un propósito político. La abuela decía “el que mucho se agacha su nalga enseña”. Luis Abinader anuncia encabezar esa marcha, porque entre los contratos primeros de Odebrecht dos se firmaron en el gobierno de Hipólito Mejía; parece que anhela imputarle el delito de otro y así quitarlo del medio como oponente dentro del PRM para la candidatura del 2020 por ese partido. Así que ustedes verán en esa marcha a Abinader, pero no a Hipólito.
Los restantes partidos emergentes, y no emergentes, estarán presentes. Han visto este escándalo desagradable como una oportunidad de atribuirle al PLD la más descalificadora condición delictiva. No han podido ganarle en las urnas electorales y pretenden politizar la corrupción, para cuando se apodere a los tribunales no puedan sancionar; entonces, dirán el PLD controla los tribunales. Se tiene establecido en el PLD que los organismos partidarios pueden adoptar sanciones disciplinarias, pero un acto de corrupción es competencia de los tribunales del Estado; si éstos sancionan, en base a esa sanción puede hacerlo el partido.
Por conflictos internos en el partido, en el proceso interno para escoger sus candidatos, incluyendo la reelección, existe una percepción que deteriora la confianza en amplios sectores del pueblo. Esa desconfianza se pretende convertir en rechazo político al PLD. Pero no hay aún crisis económica.
Sin embargo, buscan politizar la corrupción y judicializar la política, como ocurrió en Brasil. Por eso han convocado una marcha, y a esa marcha no voy.
