El pasado día trece de este mes los diarios trajeron el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el estado de derecho, con una información escalofriante en cualquier país pequeño y que sin embargo aquí entra en el cúmulo de cosas que pasan sin que siquiera las percibamos: 200 personas murieron en ejecuciones extrajudiciales en los llamados “intercambios de disparos” durante 2016.
La Comisión apuró su informe, porque todavía faltaban 18 días para que el año terminara y ahora tendrá que agregar más víctimas fatales a su lista de muertes o asesinatos cometidos por la Policía.
Todavía ese cuerpo represivo no había matado a los dos ciudadanos de Baní que allí identifican como personas trabajadoras y pacíficas.
Los dominicanos, atosigados por los criminales, ya ven como normal que las personas sean asesinadas en nombre del combate de la delincuencia. Porque ante las atrocidades de los asaltantes nos hemos llenado de ira y de odio. A veces queremos hacerles justicia con nuestras propias manos.
Pero el problema de la Policía es otro, que en el combate de la delincuencia dispara a cualquier asomo de sospecha de cualquier ciudadano. Sus acciones escasamente son preventivas, sino punitivas. No son una ni dos las historias contadas de pacíficos ciudadanos que han sido eliminados al confundirlos con un delincuente. A veces, pese a previa identificación, igual actúan sin tomar las precauciones.
Eso siempre será inaceptable.
A veces no les basta con las acciones callejeras. Han reactivado el horror de las torturas con el silencio cómplice de fiscales y jueces. Derechos Humanos asegura: “Las torturas continúan en los destacamentos policiales…”
Todo tiene que ver con la violación sistemática de la ley, del procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, que instruye la competencia del Ministerio Público para liderar la investigación, del irrespeto a los derechos consagrados en la Constitución. La Policía obra con una discrecionalidad excesiva, generalmente con el consentimiento o el encubrimiento de la superioridad.
Por esas cosas es que con razón se proclama que aquí no se respetan los derechos humanos, empezando por el más importante, el derecho a la vida.
