Rosario afirma deja una JCE transformada y modernizada

El legado que deja Roberto Rosario en la Junta Central Electoral (JCE) es la transformación y modernización que ha vivido esa institución en sus manos en estos últimos 12 años.

El legado que deja Roberto Rosario en la Junta Central Electoral (JCE) es la transformación y modernización que ha vivido esa institución en sus manos en estos últimos 12 años. Así lo deja ver Rosario cuando hace un balance de su quehacer dentro del organismo electoral. Roberto Rosario comenzó su carrera en la JCE como miembro de la Cámara Contenciosa (2003-2006), fue presidente de la Cámara Administrativa (2006-2010) y en el 2010 pasó a convertirse en el presidente más joven en dirigir el organismo.

“La Junta Central Electoral era un órgano que solo dependía de la ayuda y la cooperación internacional. Hemos pasado de ser receptores a también ser oferentes de cooperación y ayuda internacional, con prestigio nacional e internacional”, asegura Rosario. El magistrado también dice que, dentro de su gestión, la JCE generalmente ha quedado entre la segunda o tercera institución pública mejor aceptada por la opinión nacional y nunca ha tenido una valoración por debajo del 50%, según encuestas externas.

El proceso de innovación de ese organismo inició en 2004, recuerda Rosario, cuando se puso en marcha una Comisión de Modernización que presidió él. El panorama para ese entonces era que el 98% de los papeleos en la JCE se realizaban de manera manual o con máquinas de escribir. Hoy, el 100% de las 454 oficinas de la Junta, entre direcciones, departamentos y locales de servicio, está automatizado, lo que ha motivado la disminución de costos y tiempo de espera. “Hoy vas a buscar un acta y no duras dos meses o una semana, tardas el tiempo que dura la fila en llegar a la estación de servicio. Todo eso se logró en esta gestión”, comenta. Esa transformación también ha incluido la construcción y remodelación de más del 70% de estos espacios públicos, “en algunos casos porque eran espacios que atentaban contra la sanidad pública y la conservación histórica de la República Dominicana”.

“Desde mi punto de vista el principal logro fue que se logró el fortalecimiento de la independencia institucional en la Junta Central Electoral”, analiza Rosario. Con su política de autogestión la JCE asumió el control de todos sus ingresos por servicios y a la fecha, esa autonomía se ha traducido en RD$10,000 millones de pesos. Ese dinero antes era administrado de manera discrecional por personas que ocupaban pequeños feudos en cada municipio, explicó Rosario.

En este proceso de modernización se anota la creación de una Unidad de Declaraciones Tardías, la implementación de un número único que ya alcanza a 800 mil personas, incluyendo recién nacidos (es un número de identificación de por vida) y la ampliación de servicios de la Junta a las oficinas del exterior que hace posible que el dominicano puede registrarse como tal y obtener su documentación sin tener que viajar al país.

También, queda como sello de la gestión de Rosario el escaneo y digitalización de libros de registro, donde se han procesado ya 128,329 libros. Eso último se traduce en 23, 293,545 imágenes de actas colocadas en el sistema de la Junta, contó. “Eso es lo que permite que los ciudadanos, al presentarse a un lugar de servicios de la Junta, puedan obtener rápidamente, en minutos, su documento de identidad”, dijo Rosario, quien ofreció estas respuestas al participar en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe.

Sus grandes procesos

Bajo la gestión de Rosario, la JCE desarrolló un proceso de cedulación que permitió dotar a República Dominicana de unos de los documentos de identidad de mayor seguridad de la región, garantiza el presidente de la Junta, con código QR (Quick Response o código de respuesta rápida) y 22 elementos de seguridad, cinco más que el antiguo documento.

La implementación de la Ley 169 de Naturalización, a raíz de la debatible sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, puso a la JCE a hacer el trabajo de su vida: auditar 78 años de Registro Civil, desde el 1929 al 2007. Se inventariaron 116 mil 506 libros, que dieron resultados a 55,040 expedientes a trabajar, de los cuales solo 592 están pendientes de procesar, también garantizó.

De los 55,040 expedientes Rosario detalló que al día de hoy 28,868 fueron autorizados y colocados en el sistema disponible para buscar su documento, porque eran expedientes de hijos de extranjeros en condición regular. Otros 25,749 fueron transcriptos, pues eran hijos de extranjeros en condición irregular, cuyas actas ya están disponibles en el sistema de la Junta. 206 siguen en curso de investigación, 177 se determinó que estaban duplicados y 40 se encuentran en proceso de reconstrucción, por el deterioro de libros de registro.

Roberto Rosario no tiene cuantificado cuántas personas impactadas por la sentencia 168-13 han retirado ya su documentación dominicana de la Junta Central Electoral. Pero dice que tampoco importa. “Hay ciudadanos como Juliana Deguis, que tiene su acta y su documento de identidad, tiene hijos que registrar, pero ella no ha querido y ella misma lo dijo y la Junta no tiene la culpa. Hay una parte de esos ciudadanos que son ellos que tienen que ir (a buscar su documentación). La responsabilidad de nosotros es poner el documento disponible para ser retirado”, enfatizó.

Desafíos a futuro para la JCE

A juicio de Rosario, el mayor reto que tendrá la JCE y sus próximos integrantes será implementar los proyectos de ley de partidos políticos y de régimen electoral. Para el presidente de la Junta, estas dos legislaciones implicarán la creación de nuevas estructuras de control y fiscalización de la actividad política nacional. “Se va a necesitar mucha creatividad, mucha energía y mucha concentración para que las instituciones que se creen funcionen”, opinó.

Estos desafíos Rosario los acompañó de críticas a la actual Ley Electoral 275-97, que no garantiza la equidad entre partidos ni candidatos. Un ejemplo es la escasa limitación que tienen los candidatos para financiar sus proyectos, solo no se permite financiamiento extranjero. “Un empresario le puede dar un peso a un candidato y RD$20 millones a otro, eso es legal, la ley lo permite”, dijo. “La ley genera una desigualdad y una falta de equidad en el proceso electoral que cuando se critica se dice que es la Junta que no garantiza igualdad, y la verdad es que quien no lo garantiza es la Ley”, se quejó.

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