“Dios Perdona siempre, el hombre a veces, la Naturaleza nunca”. Papa Francisco, Encíclica “Laudato Si”
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es miembro activo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la cual agrupa a la mayoría de los países de estas regiones. En octubre de este año, la República Dominicana será sede de la XXVI asamblea anual de dicha organización.
A través de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS, la Cámara de Cuentas de la República está llevando a cabo una Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales en nuestro país. Esta comisión ya se ha reunido en varios países, discutiendo y analizando la misma.
Los organismos que están llevando a cabo este tipo de auditoría coordinada son las contralorías y los tribunales de cuentas de los diferentes países. Paraguay, que es quien actualmente preside la comisión de COMTEMA; el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, México, Colombia, Ecuador, Buenos Aires y Santa Fe, de Argentina; Chile, Perú, República Dominicana, Honduras, entre otros. Cada país escogió un pasivo ambiental diferente, para ser auditado, siendo la minería la actividad que esta EFS ha auditado.
Los seminarios-talleres de esta Comisión Técnica Especial se celebran de manera rotativa, en diferentes países. En los mismos se evalúan los avances de los trabajos, los obstáculos encontrados en cada país, así como las experiencias de cada uno de los países participantes.
Los Pasivos Ambientales de un determinado país son las deudas acumuladas por los daños provocados al medio ambiente y a los recursos naturales, así como a la salud de las personas, por las explotaciones y extracciones irresponsables e irracionales de nuestras riquezas mineras; de la extracción inescrupulosa de los materiales y agregados de construcción de nuestros ríos, arroyos y montañas; la contaminación de estos por los desechos sólidos e industriales, vertidos en los diferentes cuerpos de agua, entre otros.
Cuando ninguna institución pública o privada quiere reconocer y enfrentar los mismos, o aplicar responsabilidades, estos pasivos pasan a ser llamados “Pasivos Ambientales Huérfanos”, aquellos que nadie se hace responsable del daño ocasionado al medio ambiente, como ocurre siempre cuando las grandes multinacionales extraen las riquezas mineras y luego se marchan del país, sin reparar los daños ocasionados. Según las Normas Internacionales, todo el que le ocasione daños al medio ambiente, debe de pagar por ello o sanear los mismos.
En la República Dominicana, a pesar de que existe una gran cantidad de Pasivos Ambientales, no existen precedentes de este tipo de auditoría. En tal sentido, el país no cuenta con una política estatal, con una cultura y voluntad para identificarlos, enfrentarlos y aplicarle un régimen de consecuencias a las personas y empresas, tanto nacionales, como internacionales, responsables de los mismos.
Dicha auditoría está creando conciencia entre los sectores que conforman el Control Social de cada uno de los países donde se realiza, pues los daños ocasionados al medio ambiente, sin ningún tipo de reparación, son los causantes de muchos problemas de salud, de la desaparición de miles de especies endémicas, animal y vegetal, así como de ríos y arroyos, y en consecuencia, de los graves cambios al ecosistema.
El pasivo ambiental que se escogió para ser auditado en nuestro país, corresponde al dejado por la multinacional Alcoa Exploration Company, la cual se dedicaba a la extracción de la bauxita en la provincia de Pedernales. Esta multinacional se estableció a finales de los años 40 en la región sur del país (Cabo Rojo) y luego de laborar por más de treinta años, se marchó del país, sin hacer la remediación ambiental que estaba obligada hacer, dejando la zona contaminada, desolada y arrabalizada, pues no fue capaz ni siquiera, de reforestar la misma.
Se estima en más de 40 millones de toneladas la bauxita exportada por esta compañía.
Las normas internacionales exigen que cuando se hacen extracciones de esta naturaleza, se debe volcar la capa vegetal y reforestar la zona afectada. Esto mismo sucedió con la Falconbridge Dominicana, que después de extraer el ferroníquel de las lomas de las provincias de Monseñor Nouel y La Vega, abandonó la zona de extracción, dejando un enorme pasivo ambiental, que hoy está ocasionando graves problemas al medio ambiente y a la salud de sus habitantes.
