BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Mauricio Macri enfrentó el jueves la primera protesta multitudinaria en su contra en Buenos Aires y otros puntos de Argentina en rechazo al fuerte incremento en las tarifas de servicios públicos, una medida que el mandatario justificó para enfrentar la crisis energética que heredó, pero con un costo social que afecta su popularidad.
El «cacerolazo», la modalidad de protestar golpeando ollas y cacerolas que se ha vuelto una tradición en Argentina desde la crisis de 2001, fue convocado por asociaciones de defensa del consumidor, pero contó con la adhesión de partidos opositores de izquierda, de agrupaciones políticas alineadas con el kirchnerismo y muchos ciudadanos de a pie.
El epicentro de la protesta fue el Obelisco de Buenos Aires, donde se concentraron varios cientos de manifestantes, en su mayoría con consignas contra el llamado «tarifazo», como ha sido denominado el fuerte incremento en las tarifas del gas, la electricidad y otros servicios públicos, cuyo efecto inmediato fue un alza en la inflación, que en junio se ubicó en 3,1%.
«Yo soy jubilado y mi jubilación no alcanza para pagar. O comer o las tarifas. No alcanza. Alguna solución hay que dar. Sea lo que sea, yo no puedo pagar más», dijo a la AP Héctor Deana, de 73 años.
La reestructuración integral de las tarifas de servicios públicos fue impulsada por el gobierno de Macri poco después de que asumió la presidencia en diciembre pasado con el objetivo de reducir el déficit fiscal, ya que muchos usuarios estaban subsidiados, y mejorar la inversión en el sector energético.
En el caso del gas, las facturas registraron un aumento de hasta 1.000%, lo cual profundizó el malestar social latente desde las anteriores alzas de la electricidad y el agua corriente.
Las protestas se repitieron frente a la residencia presidencial de Olivos, en el norte de la capital, y en otros centros urbanos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
«Es no es gobierno, es desgobierno porque nos matan con los tarifazos, nos matan con los aumentos, nos están metiendo en recesión», expresó indignada la trabajadora social Graciela Talla, de 47 años.
En las últimas semanas hubo varios fallos judiciales que frenaron los aumentos y que el gobierno apeló. La última palabra la tendrá la Corte Suprema, que podría pronunciarse en agosto.
