Desde hace mucho tiempo, se viene discutiendo en nuestro país sobre la necesidad de lograr un Pacto Fiscal, donde se analice, discuta y establezca una presión fiscal que responda con la generación de las riquezas del país. La misma ronda el 14 por ciento del producto interno bruto.
Considero, que además de lograrse dicho pacto, se deben corregir todas las distorsiones que actualmente existen en la estructura tributaria del Estado, en cuanto a sus recaudaciones fiscales, las cuales, desde hace muchos años, se vienen manejando con deficiencia, sin ningún tipo de control y muchos menos, con transparencia.
El Estado dominicano está desaprovechando y dejando de percibir anualmente, miles de millones de pesos, por la falta de transparencia en algunas fuentes de recursos que les son retenidos a la población, como impuestos y que no ingresan a la cuenta del tesoro nacional.
Una de esas distorsiones la constituyen los ingresos que reciben nuestros cónsules designados en el exterior, por concepto de venta de visados y de otros servicios consulares, los cuales, en vez de ser depositados en la Cuenta Única del tesoro nacional, van a las cuentas de dichos incumbentes. Estos son administrados discrecionalmente, sin rendirle cuentas a ningún organismo,
Somos de opinión de que se deben analizar todas las posibles fuentes de ingresos existentes y que nunca se han tocado, pues nos encontramos en un momento estelar, en que el Estado dominicano carece de suficientes recursos para poder atender la gran deuda social acumulada en obras y servicios, que desde tiempos inmemorables, se viene arrastrando, y ni hablar de la deuda pública, la cual ronda el 50% del PIB, según cifras del Banco Central y del propio Fondo Monetario Internacional.
A los consulados que debe prestarse mayor atención son los que están ubicados en Haití, pues son los de mayor rentabilidad, aunque se manejan muy informal, ya que a sus cónsules sólo les preocupa generar ingresos por la venta de visados, sin ningún tipo de criterio, control ni pudor, lo que constituye una violación a la ley No. 567-05, que instituye la Tesorería Nacional.
Ellos no prevén las graves consecuencias sociales que esta situación le está generando al país, como son los problemas de salud, empleo, educación, vivienda, fronterizos, migratorios, inseguridad, arrabalización y contaminación del medio ambiente, entre otros.
Cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde, la Cámara de Cuentas de la República le remite a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), todos los informes de auditoría de las instituciones públicas, autónomas, descentralizadas y municipales, que retienen diferentes impuestos, pero que no lo reportan ni entregan a esa institución, responsable de las recaudaciones de los impuestos internos del Estados dominicano. Esto dio origen a que esa institución evacuara la Resolución No. 41-2014, con la cual pretende dar seguimiento a estas violaciones y aplicar las sanciones correspondientes, que solo por este concepto, el Estado deja de percibir, también, miles de millones de pesos.
Consideramos pertinente que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su nuevo Plan Estratégico, sobre la nueva política de las Relaciones Exteriores del país 2015-2020, contempla la transparencia en el manejo de éstas, debe también incluir como eje temático, la transparencia de los ingresos de nuestros consulados.
