Control de armas

Lamentables hechos recientes de extrema violencia han consternado a la sociedad dominicana y deberían servir como pie de amigo para revivir viejos debates sobre temas esenciales para una profunda reflexión como el control de armas.El…

Lamentables hechos recientes de extrema violencia han consternado a la sociedad dominicana y deberían servir como pie de amigo para revivir viejos debates sobre temas esenciales para una profunda reflexión como el control de armas.

El tema es complejo y hay interminables discusiones en todo el mundo, eminentemente protagonizadas por dos grupos: los que se inclinan a la liberalización de los controles bajo el argumento de que ello frenaría el contrabando y el comercio ilícito de armas y ayudaría a la población a defenderse; y los que favorecen el control de la importación, comercialización, porte y tenencia como una medida para limitar la cantidad y con ello reducir el número de muertes que son consecuencia de su uso.

Hay ejemplos de la aplicación de una y otra tendencia en diversos países del mundo con diferentes consecuencias. Por ejemplo, si bien la liberalización ha funcionado con éxito en Suiza, el control estricto ha tenido grandes resultados en Japón. La decisión respecto a cuáles medidas tomar debería basarse en las circunstancias específicas del destino de aplicación. Actualmente en nuestro país el promedio de homicidios acontecidos por el uso de armas de fuego es de aproximadamente 67%, de los cuales menos de la mitad corresponde a los típicos hechos delincuenciales (asaltos, sicariato, entre otros), ya que la mayoría corresponde a crímenes producto de la convivencia social como riñas personales y violencia intrafamiliar.

En otro orden, de las licencias concedidas en el país, aproximadamente un 94% corresponde a usuarios privados y sólo el restante 6% a usuarios públicos, es decir, agentes del orden en general.

En cuanto a legislación, la Ley 36 de armas de fuego es débil e incompleta, no clasifica con eficacia los tipos de licencia, no diferencia entre porte y tenencia y entre otras cosas carece de rigurosidad, tanto en las sanciones por su violación como en los análisis de salud mental y condiciones mínimas requeridas para la concesión de licencias.

Por características particulares de nuestra sociedad como las mencionadas, un estudio que Oxfam realizó hace unos años sobre el tema arrojó como conclusión que los datos empíricos dominicanos deben incitar a las autoridades a priorizar un mayor control.

Por lo anterior, la prioridad es una modificación de la normativa sobre el tema y al menos una investigación con profundidad sobre el mismo, para no caer en el error de tomar posiciones ligeras sobre algo tan complicado.

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