Siempre se ha hablado de la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder. En la República Dominicana eso no ha dejado de ser tema de conversación, pero nunca se había señalado y menos evidenciado en profundidad algún nivel de complicidades. Versiones socorridas de que traficantes de drogas financian a algunos actores políticos, pero siempre esas consideraciones se quedaban en generalidades o sin consecuencias.
Las revelaciones de la Procuraduría General de la República que involucran a seis jueces marcan una nueva etapa. Un estamento del poder público que investiga el comportamiento de algunos de sus miembros e identifica ilícitos graves y la ocurrencia de otros hechos no necesariamente vinculantes que pueden indicar grados de descomposición en determinadas instancias con roles de autoridad.
Los dos regidores asesinados recientemente, en Sabana de la Mar y Hato Mayor, en circunstancias bastantes extrañas, podrían ser señales sugerentes de las causas que estarían determinando esos hechos.
Antes se representaba en los municipios a los ciudadanos con tanto sentido del honor, responsabilidad y decencia. Hoy esas calidades pueden verse envueltas en hechos reñidos con la ley, a veces tan graves, que conllevan saldos trágicos.
Tenemos un regidor procesado bajo la acusación de mandar una banda de sicarios, de cometer todo tipo de crímenes. La orden de libertad que precisamente favoreció a ese individuo fue uno de los detonantes que está permitiendo develar una red delincuencial comandada, según la procuraduría general de la República, por un juez de la República.
Hablamos de una situación donde algunos de los portaestandartes de la representación ciudadana y administradores de la ley se coaligan, se confunden, se asocian con los más crueles criminales.
Que el sentimiento de desesperanza se propague es inevitable.
Pero pensemos prospectivamente que todo lo que estamos viendo es una señal para que la Nación despierte, se levante y empiece a expulsar toda la podredumbre que se ha anidado en su cuerpo.
