BUENOS AIRES— La sede del Banco Central de la República Argentina fue allanada el martes por orden de un juez que investiga a sus autoridades por supuesta defraudación en el mercado de futuros de dólar.
El juez federal Claudio Bonadío confirmó a radio La Red que el propósito de la medida judicial fue «buscar documentación» pertinente para la causa que se abrió a partir de una denuncia sobre «posibles defraudaciones al patrimonio del Banco Central y violaciones de la carta orgánica por parte del presidente y del directorio respecto a la comprar del dólar futuro».
Los diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri denunciaron al presidente de la entidad, Alejandro Vanoli, y al directorio de provocar una caída en el nivel de reservas del Banco Central con venta de dólares a futuro a un precio menor al valor de mercado.
«La denuncia presentada por dos legisladores de la oposición respecto de esta operatoria carece de fundamentos y sólo persigue un rédito electoral», dijo la entidad en un comunicado difundido tras el allanamiento, que se produjo a cinco días de la segunda vuelta que definirá al sucesor de la presidenta Cristina Fernández.
Agregó que «su intervención en el mercado de futuros es absolutamente transparente y que toda la información y documentación correspondiente está a disposición de la Justicia».
Los cuestionamientos a esta operatoria coinciden con un contexto de fuerte caída de las reservas del Banco Central a su peor nivel en casi una década a 26.246 millones de dólares. Parte de la sangría se explica por la intervención diaria que hace la entidad en el mercado de cambios para evitar que la cotización del dólar «ilegal» se dispare y arrastre su valor oficial.
Bonadío definió la operatoria en el mercado de futuros de dólar como «extremadamente compleja» por lo que se tomará tiempo prudencial para analizar la documentación secuestrada y solicitar un peritaje. Una vez dados estos pasos, aclaró, podría citar a declarar a Vanoli y a otros funcionarios del banco.
El delito que se investiga es administración fraudulenta que prevé una pena mínima de seis años de prisión.
