MEXICO— Una agencia estatal de derechos humanos investigará por qué 150 cuerpos de víctimas del crimen fueron enterrados en fosas en el estado de Morelos, en la región central de México.
Algunos de los cadáveres pudieron haber sido enterrados en las fosas comunes con el simple propósito de limpiar una morgue estatal. Pero otros cuerpos no llevaban consigo las etiquetas con la que supuestamente deberían ser sepultados, lo que ha generado dudas sobre las causas de su muerte.
El macabro descubrimiento ha generado preguntas sobre si el caso es tan solo otro ejemplo de un deficiente trabajo policiaco que les negó a los familiares el derecho a recuperar los cuerpos de sus seres queridos, o algo más siniestro.
El escándalo comenzó cuando los detectives solicitaron a los familiares de una persona asesinada en 2013 permiso para retener su cadáver para que se le realizaran más pruebas. Cerca de un año después, la familia de Oliver Wenceslao intentó recuperar el cuerpo, pero les informaron que ya había sido enviado a una fosa común.
En septiembre, un juez ordenó a la procuraduría estatal que exhumara el cuerpo de Wenceslao y lo devolviera a su familia.
Pero los investigadores tuvieron que sacar alrededor de unos 150 cuerpos envueltos en bolsas de plástico en la fosa para llegar al de Wenceslao.
«Lo malo es que, a la hora de hacer esta exhumación, se detectan varias irregularidades», dijo Rafael Idiáquez, portavoz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos.
Generalmente, los trabajadores de las morgues en México preparan los cadáveres destinados a fosas comunes envolviéndolos en bolsas de plástico. Al interior de cada una de ellas, junto al cuerpo, colocan una hoja de papel con el número de cada caso. La nota es colocada al interior de una botella de plástico, para que no se vea afectada por los fluidos del cuerpo en descomposición.
«Hay cuerpos que no tienen ningún número de carpeta de investigación», dijo el vocero. «Se desconoce por qué están allí, si fueron ejecutados, si tienen familiares, si se hizo una averiguación».
Durante una visita de inspección el viernes al lugar ubicado al este de la ciudad de Cuernavaca, la investigadora de la comisión, Fabiola Colín, dijo que se requieren varios procedimientos y permisos para una fosa común, que en este caso no existieron.
Idiáquez dijo que varias personas se han puesto en contacto con la comisión y temen que sus familiares desaparecidos estén en la fosa.
A las sospechas de la fosa común se suma el hecho que desde la década de 1990, Morelos se ha visto sacudido por una ola de secuestros y ejecuciones, cuando los cárteles de Juárez y los Beltrán Leyva, y posteriormente otros grupos, se mudaron al estado. Varios altos funcionarios estatales han sido acusados o condenados de estar coludidos con el crimen organizado.
La procuraduría estatal de Morelos dijo el jueves en un comunicado que condenaba los entierros y ha comenzado investigaciones internas que podrían resultar en cargos criminales, incluyendo la posibilidad de entierro ilegal y abuso de autoridad.
La expresó que «se solidariza con el dolor de los familiares de las víctimas cuyos restos no fueron tratados y respetados conforme a la Ley».
