La Fundación Institucionalidad y Justicia se sumó a las voces que manifiestan preocupación por la nueva Ley de Notarios Públicos en especial por los aumentos de las tarifas para los servicios notariales.El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, también la ha criticado.
Finjus dijo que las graves repercusiones que alertan con relación a esa ley se concentran principalmente en la nueva escala tarifaria que establece, pues la misma aumenta irrazonablemente los costos establecidos en la normativa derogada.
“La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), al ponderar la reciente adopción y promulgación de la Ley 140-15 que regula el notariado dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios, manifiesta su alta preocupación por las distorsiones y efectos negativos que acarrearía su aplicación en el desarrollo de la economía y la sociedad”, indicó la institución.
Señala que el instrumento legal se asienta en una grave distorsión sobre la naturaleza de la función notarial, que es de carácter público y que debe servir al interés general ya que la nueva escala tarifaria que establece aumenta irrazonablemente los costos establecidos en la normativa derogada (Ley 301-64).
De acuerdo a lo establecido en ambas leyes, explica que la fijación de tarifas para la remuneración de los notarios constituye una fórmula por la que el Estado financia entre sus usuarios los gastos de índole personal y material inherentes al desempeño de la función notarial, a efectos de preservar los intereses generales del conjunto de la sociedad.
El establecimiento de una tarifa que debe ser cobrada idénticamente por los notarios es consecuencia del servicio público que brindan, con la particularidad de que el Estado no otorga recursos para gestionar las notarías, agrega.
Destacó que los notarios no compiten entre sí por el precio de los servicios, sino por la calidad con la que los ofrecen. Esto garantiza el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su renta, a los servicios de jurídica preventiva que prestan los notarios, puesto que la ley de la oferta y la demanda produciría desequilibrios que no se pueden aceptar en un servicio público. La función notarial, más que un derecho, es un servicio dirigido al interés colectivo.
“Por todo lo anterior, Finjus se une a los diferentes sectores que reclaman que la Ley 140-15 sea urgentemente revisada y se ajusten los aspectos negativos y distorsionadores señalados anteriormente, basándose en estudios de factibilidad social y económica que debieron ser realizados previo a su adopción y con consenso de todos los sectores involucrados en este servicio”, concluye la organización.
