Las medidas migratorias asumidas por la Unión Europea reivindican las políticas del gobierno dominicano para regularizar el creciente flujo ilegal de extranjeros. Las escenas del tratamiento a los miles de africanos que a diario intentan cruzar el Mediterráneo y a turcos y gitanos desde el este del continente, ponen en entredicho la sinceridad de sus quejas por la situación de los inmigrantes en el territorio nacional. Los europeos han recrudecido sus políticas migratorias limitando el acceso de los extranjeros ilegales con acciones más severas que las que algunos de sus gobiernos y muchas de sus organizaciones civiles le atribuyen al gobierno dominicano, no siempre en base a la realidad y a la naturaleza y alcance de las políticas con que aquí se maneja el tema.
En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro cerró el año pasado la frontera con Colombia, obligando a ciudadanos colombianos a huir desesperadamente con sus trastes, por temor a ser deportados y perder sus pertenencias. Muchos de ellos dejaron atrás a esposas, esposos e hijos venezolanos, atravesando bosques, ríos y montañas, huyendo de las persecuciones militares, como parte de otro conflicto fronterizo que el presidente Maduro ideó entonces para distraer la atención de los graves problemas que su errada y radical administración ha creado, llenando de pobreza a esa nación.
Pero ni las políticas migratorias europeas, ni las asumidas por el gobierno venezolano, atraen la atención de la comunidad internacional de la misma manera con que se observa el problema en la República Dominicana, cuyo gobierno trata de resolver con estricto respeto a los derechos de los inmigrantes y en el marco de una ley, que encara la situación originada por una sentencia de la Corte Constitucional, sobre la que no tiene responsabilidad alguna. En todo el mundo, la inmigración ilegal es un serio dolor de cabeza.
