Una de las mayores decepciones que ha tenido nuestra democracia ha sido la mala utilización de las contribuciones del Estado a los partidos políticos, aprobada hace 18 años en la Ley Electoral 275-97 con el supuesto propósito de fortalecer nuestro sistema de partidos, la democracia y la pluralidad, aunque en la realidad se hayan convertido en su mayor desgracia.
Esas contribuciones se nutren de un fondo equivalente al 1/2 por ciento de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y de 1/4 por ciento en los demás. Aunque las disposiciones originales disponían que un 25% debía ser dividido igualitariamente y un 75% conforme las votaciones obtenidas, las mismas fueron modificadas mediante la Ley 18-05 que rompió con el espíritu de proporcionalidad con que habían sido concebidas; para complacer las ambiciones de quedarse con la mayor porción del pastel de los partidos mayoritarios, incluyendo las del PRSC, que aunque ya no lo era, obligó a trazar la línea divisoria en un 5% de votaciones, con tal de que cualquiera de los partidos mayoritarios pudiera asegurarse su respaldo.
En este sentido se modificó el artículo 50 de la Ley Electoral para que ordene que el 80% del fondo se distribuya en partes iguales entre los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos, debiendo distribuirse el restante 20% entre los partidos que obtuvieron menos de un 5% de la siguiente forma: 12% en partes iguales y el restante 8% en proporción a los votos obtenidos.
Los montos destinados para este fondo son cada vez mayores, debido al crecimiento de los ingresos nacionales, los que podrían alcanzar cifras alarmantes.
Este sistema de reparto entre los partidos políticos supuestamente mayoritarios desnaturalizó no solo el propósito perseguido con las contribuciones sino la razón misma de ser de algunos partidos, como sucedió con el PRSC y ahora ocurre con el PRD, cuyos líderes con tal de poder mantener estas jugosas contribuciones llegan a acuerdos con el partido mayoritario de turno para asegurarse que gracias a dicha alianza no solo obtendrán representaciones a nivel congresual y municipal, sino que conseguirán el 5% de votaciones exigido para poder seguir beneficiándose como mayoritarios del reparto del pastel de las contribuciones, aunque en realidad sean minoritarios.
Lo lamentable es que estos negocios se hacen con los dineros que los contribuyentes pagamos en impuestos, por eso el problema no es solo los acuerdos que realizan, sino que lo hacen a costa del dinero ajeno.
Si algo hay que modificar en este país es precisamente estas disposiciones de la Ley Electoral sobre las contribuciones, las que conjuntamente con la carencia de una adecuada ley de partidos son el caldo de cultivo para que la política dominicana se siga manejando como un mercado público, en el que la calificación de partido mayoritario se adquiere aun a costa de echar por la borda su misma esencia, porque lo que importa es el 5% y no la democracia.
Por eso no podemos dejarnos engañar con supuestos blindajes a la Constitución, ni con fútiles justificaciones a acuerdos que solo buscan satisfacer apetencias y ambiciones personales de políticos que han decidido convertir sus partidos en títulos que se ofertan en la bolsa de antivalores y de aquellos que con los recursos de los contribuyentes, se aseguran el control del mercado.
