El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) calificó este domingo como inaceptable las declaraciones ofrecidas por el director General de Aduanas, Fernando Fernández, donde señala que el proyecto para modificar la Ley General de Aduanas fue vendido en el Senado para favorecer a los Courier.
El gremio señaló que es lamentable y altamente preocupante que el principal funcionario de una entidad tan importante para el país y para el sector empresarial, lance públicamente de manera irresponsable imputaciones mendaces y difamatorias que implican un atentado contra la imagen y credibilidad de la institución.
La organización empresarial aclaró que el Proyecto de Ley de Aduanas que cursa en el Congreso Nacional fue sometido por el Poder Ejecutivo e impulsado por la propia DGA bajo las direcciones de Miguel Cocco y de Rafael Camilo, cosa que cambió con la llegada del actual incumbente.
Afirmó que este proyecto ha sido trabajado y discutido durante años por el Senado de la República, el cual integró una comisión técnica multisectorial en la que participaron todas las instancias públicas involucradas y las principales organizaciones empresariales del país vinculadas a la exportación y la importación de bienes. De igual forma señaló que tradicionalmente el sector empresarial ha mantenido una relación respetuosa y armoniosa con la DGA por lo que le sorprende enormemente las declaraciones del funcionario.
El CONEP entiende que dicho funcionario en lugar de ofrecer declaraciones ligeras debe procurar presentar reales argumentos técnicos y jurídicos de fondo que justifiquen su oposición respecto al proyecto de modificación de la Ley de Aduanas, que está en curso en el Congreso Nacional.
“Si los debates institucionales sobre reformas se reducen a estos niveles pierde la democracia y pierde el país”, afirmó el CONEP.
La principal organización empresarial del país luego de censurar la conducta del funcionario, reiteró su respaldo a la aprobación de una nueva Ley General de Aduanas, y afirmó que debe ser un compromiso de todos someter a la legalidad, el debido proceso y la transparencia, los procesos administrativos de la Dirección General de Aduanas.
