República Dominicana debe contar con una Ley de Ordenamiento Territorial que valore los recursos y potencialidades de los diversos territorios en el marco de un desarrollo económico local y nacional.Sin embargo, para esto deben darse las condiciones para que los diversos actores participen en la elaboración del marco regulatorio, expresó Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD).
Almánzar hizo el señalamiento al respaldar los planteamientos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), organización que solicitó al Congreso Nacional detener el conocimiento del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, con el fin de abrir un proceso de consulta previo a la aprobación del mismo.
“Se trata de una importante pieza legislativa que incidirá en el desarrollo económico y social de la nación de modo determinante, que facilitará o dificultará la convivencia de legítimos objetivos de preservación de recursos naturales y culturales con legítimos objetivos de desarrollo económico. El buscar la forma de satisfacer de modo integral estos objetivos debe ser motivo de diálogo. La AIRD está dispuesta a este diálogo”, aseguró Almánzar.
Expresó que preocupa a los industriales que se elabore una pieza legislativa que constituya un obstáculo innecesario para las actividades económicas.
De su lado, el Ministerio de Economía, a través de Temístocles Montás, afirmó que a pesar de que la cúpula del empresariado participó en las actividades de socialización del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, ve positivo que el Conep quiera continuar logrando consenso para su conversión en ley. Aclaró que este proyecto de ley, aprobado en primera lectura la semana pasada por la Cámara de Diputados, no está en el ámbito de ese ministerio, sino del Congreso Nacional.
