Siempre es un momento apropiado para convocar a los distintos sectores y abogar por el urgente y necesario Pacto Eléctrico para la República Dominicana, atrapada por el “cuello de botella” que significa importar casi la totalidad de los combustibles que consume y la grave situación del sector eléctrico, que muy a pesar de las múltiples promesas de solución final, permanece en la penumbra condicionando cualquier anhelo de auténtico desarrollo para la nación.
La realidad internacional del precio del petróleo, que bordea los US$45 dólares el barril; la matriz energética del país, que se basa en un 41% en combustibles fósiles, según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), indican que el giro de timón debe ser con una visión de largo plazo, erradicando las medidas hasta ahora tomadas, “parches” que solo sirven para solucionar situaciones puntuales pero que están muy lejos de ser una política de altura y consenso en una materia trascendental como la energética.
Estamos ante un momento de cambios. La volatilidad de los precios de los combustibles y la dependencia casi exclusiva de programas como Petrocaribe, tendente ya a desaparecer, instan a la República Dominicana a buscar nuevos mecanismos para afrontar el desafío energético y diversificar tanto sus fuentes como la matriz, tal como se planteó en la Cumbre energética del Caribe llevada a cabo en Estados Unidos, y liderado por el vicepresidente de esa Nación Joe Biden donde se hizo un llamado de alerta por el continuo deterioro de un pilar tan importante para el desarrollo y la estabilidad de cualquier nación.
Un ejemplo claro de cómo el país está estancado en un modelo agotado, son las millonarias pérdidas que dejan las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDE), según reveló Milton Morrison, vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE). En números, en 2013 hubo ingresos por US$1,373 millones y gastos por US$2,332 millones, y desde ya se plantean propuestas para la unificación de las distribuidoras de energía con el fin de abaratar el costo y concentrar los esfuerzos en la eficiencia.
Los planes propuestos hasta ahora se han quedado en eso. El Gobierno informó en 2013, que a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), se propuso un plan de modificación de la matriz, para a partir de 2016 tener un parque que genere el 90% de la energía basado en gas natural, carbón e hidroeléctrica, cambio que implica invertir US$3,000 millones y una disminución de la dependencia del petróleo. Al iniciar el 2015, los pasos y avances de este plan no permiten presagiar que el objetivo se cumpla, una vez más.
Mención aparte merece el carbón. Mientras otros países desechan esta fuente por ser una de las más contaminantes, República Dominicana acude al carbón para evitar el colapso del sistema. El proceso de licitación de las plantas que se planean construir en Punta Catalina, Baní, que costarían cerca de US$2 mil millones, ha estado cuestionado por supuestas irregularidades y las opciones de financiamiento que profundizan la política de “pedir prestado”.
Otro tema sensible es el costo medio ambiental de invertir en plantas a carbón, que junto a la violación de la ley ambiental 64-00, confirman que se buscan parches y medidas desesperadas para tapar errores producidos por una falta total de visión sostenible.
Al lógico llamado de convocar cuanto antes a los sectores para el Pacto Eléctrico, y la valiente denuncia del ministro Montalvo cuando señala que en los últimos años la CDEEE ha sido manejada como un botín político y que hace falta algo diferente a los reiterados pactos, decretos, leyes y reglamentos, que hasta ahora se han aprobado sin resultado alguno. Queda claro que se requiere un saneamiento total del sector eléctrico, y es que en la actualidad el modelo de los subsidios, el déficit y el clientelismo es sencillamente insostenible. Además, abogamos por reglas claras para la inversión de las EDE y una Ley Marco para el sector energético en su totalidad que le dé coherencia y abarque todos los subsectores, teniendo en cuenta al consumidor y en particular, los temas institucionales que tienen que ver con los organismos del Estado. Por eso saludamos la creación del Ministerio de Energía y Minas.
Los pasos dados hasta ahora han sido modestos para los enormes desafíos energéticos que tenemos como país. Cambiar la tendencia y ponernos a la delantera supone pactar con los sectores involucrados y establecer una política energética sostenible y a largo plazo. Y esa será nuestra apuesta como integrante del pacto según el decreto 389-14 que como presidente de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo nos designa a tan importante labor de trabajar por un pacto consensuado que decidirá el futuro inmediato y el de las próximas generaciones en materia energética.
