El escándalo desatado en la Dirección Antinarcóticos (Dican) de la Policía es la expresión más clara de la descomposición de ese cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, no nos referimos únicamente a una palabra hueca, que es la “institución”, sino a una considerable parte de sus miembros.
Se habla de la necesidad de reformar la Policía. Se ha creído que una profunda transformación de la organización podría conducir a un cambio. Pero eso no tiene que ser necesariamente así.
Es que la corrupción está en el colectivo mismo, acostumbrado a las coimas, a los puestos donde se pica o se recauda suficiente como para enriquecerse. Esa corrupción viene desde su creación, y ha crecido al correr de los años.
Van y vienen los jefes, lo mismo que las proclamas de integridad, y al término de cada gestión todo queda igual, o peor. Ahora, al menos no es la misma policía que investiga a su gente en descarado conflicto con la ley. Es la autoridad civil, el Ministerio Público como persecutor de la criminalidad en la República. En otros tiempos lo del Dican se hubiese quedado encubierto y convenientemente manejado por el departamento de “Asuntos Internos”.
Un funcionario del gobierno dijo en algún momento, privadamente, que a esa Policía no había que transformarla, sino desintegrarla. Irradiar a sus miembros lejos de cualquier organización anti cremen, y entonces dinamitar el edificio principal. Y formar otra policía, completamente nueva, con otros paradigmas.
La justicia procesa a oficiales y clases, que las investigaciones han permitido determinar que tienen algún grado de complicidad en el robo y tráfico de drogas, pero una mirada profunda sugiere que la acción punitiva tiene que ir más allá.
El escándalo del Dican no se lava solamente procesando a quienes descaradamente se burlaron de la responsabilidad que las autoridades les pusieron a cargo, sino a todos aquellos que debieron supervisarlos y no vieron a tiempo cómo ese departamento se convertía en un nido de narcotraficantes.
El descrédito policial ha tocado fondo.
