Si las ocupaciones ilegales de tierras en un país contribuyen a ahuyentar a los inversionistas y a tambalear el clima de negocios, entonces en el caso de República Dominicana hay que ir buscando el remedio.
Entre 2013 y 2014 fueron pocos los meses, por no decir semanas, que quedaron libres de ese tipo de acción. La situación no es exclusiva de un punto geográfico. En el país las invasiones de terrenos, en algunos casos encabezados por turbas que hacen negocio con eso, y en otros por denominados “padres de familia”, pueden darse tanto en el Sur, como en el Este o en el Norte del país. Y pueden darse tanto en terrenos del Estado como de particulares privados. Pueden ocurrir en Santiago, en Cotuí, en Higüey, en Barahona, en Samaná, en Santo Domingo, o en Azua, entre otros pueblos y provincias del país.
No todas las invasiones que se producen, y que se han producido históricamente, llegan a ser cubiertas por la prensa. Pero los episodios conocidos hasta ahora constituyen una muestra significativa para generar preocupación.
Por ejemplo, en enero de 2013 el Ministerio de Medio Ambiente tuvo que acordar el desalojo voluntario de las primeras 23 familias que habitaban en viviendas levantadas ilegalmente en los alrededores de la Laguna Gri-Gri, en el municipio de Río San Juan, en el inicio de una campaña para evitar las construcciones en áreas protegidas de todo el país.
Y luego de eso el propio ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, advirtió que el Gobierno actuaría contra personas que han invadido terrenos en las proximidades de diferentes acuíferos del municipio Villa Altagracia, provocando contaminación ambiental y daños a los recursos naturales de la zona. En febrero hubo otros casos, pero no tan sonados como los del 22 de marzo de 2013, donde al menos siete personas fueron heridas de perdigones de escopetas y decenas fueron detenidas en un desalojo realizado por policías en terrenos privados en Villa Ortega, Hato Mayor.
“Las cosas no pararon”, y en abril, en un hecho distinto, en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, unas 100 familias que por ocho meses habían ocupado tierras de manera ilegal, fueron desalojadas por un contingente policial, acatando una disposición del abogado del Estado. En el mismo mes de abril, moradores de Villa Liberación, Santo Domingo Este, realizaron una vigilia frente al Palacio Nacional, pidiendo que el presidente Danilo Medina detuviera un supuesto desalojo irregular que les afectaría.
El dominó gira hacia el Cibao
Ese mismo mes, pero en Villa González, Santiago, más de 60 familias que habían levantado casuchas en terrenos invadidos fueron desalojadas. El desalojo se produjo específicamente en La Lomita, de Palmar Abajo al presentarse un alguacil que autorizó la demolición de las viviendas levantadas.
En abril otras diez viviendas fueron destruidas en el barrio Río Chil de Santiago -por una pala mecánica-, porque los terrenos eran reclamados por una familia. El 23 de mayo de 2013, uno de los incidentes que dio a conocer la prensa indicaba que en Barahona, miembros de la seguridad del Consorcio Azucarero Central encañonaron y dispararon contra un grupo de hombres y mujeres en Batey 7, que demandaban la entrega de tierras. La ocupación se dio en plantaciones de caña propiedad del ingenio.
En junio, el empresario hotelero Gabriel Acosta denunció que un pastor pretendía adueñarse de una propiedad valorada en 25 millones de pesos, ubicada en Los Mogotes, Villa Altagracia, alegando el pastor que la propiedad le había sido donada. Ese mismo mes más de 700 familias quedaron desamparadas, como resultado del desalojo realizado por una de dos personas que se atribuían la propiedad del terreno ubicado en la calle Joaquín Balaguer esquina Duarte, en Villa Liberación de Santo Domingo Este. En el desalojo participaron decenas de efectivos militares y policiales.
Llegan de un lado y del otro
El 20 de agosto de 2014, el diputado Alfredo Martínez, junto a un grupo de organizaciones comunitarias de San Luis (Santo Domingo Este), denunció que antisociales invadieron los terrenos del entorno donde se construía la nueva escuela Sención Beco. El legislador decía en ese momento que la escuela se levantaba con una inversión de RD$68 millones, y se había visto afectada por la venta irregular de terrenos.
Luego de la denuncia del diputado Martínez, organizaciones de San Luis y San Isidro, encabezaron una protesta frente al Palacio Nacional en demanda de que se ordenara parar los desalojos que alegadamente afectaban a 150 familias. Es decir, que en este caso hubo acusaciones y contraacusaciones.
En septiembre de 2014, la empresa azucarera Central Romana Corporation aseguró que es propietaria de la parcela número 1, porción D, del Distrito Catastral 3 del municipio de Higüey, contra la cual pesaba una ordenanza de desalojo. Indicó que compró los terrenos a las personas beneficiarias de un procedimiento y una sentencia de saneamiento inmobiliario, el 17 de mayo de 1959. El consorcio explicó que ha mantenido “de manera continua, pacífica e ininterrumpida la posesión de dichos terrenos desde hace 56 años, con una permanente explotación ganadera en los mismos”.
La reacción de Central Romana se produjo a propósito de que –según informó ese grupo- se pretendía desalojar a sus empresas de una cantidad importante de terrenos.
No solo los grandes grupos empresariales del país han mostrado preocupación por la manera como se ha relajado el tema y por la facilidad con que personas, de manera particular o junto a otras, quieren adueñarse de las tierras. También entidades comunitarias que operan formalmente se han alarmado.
Una de ellas es la Federación de Mujeres Campesinas Animadoras “Mamá Tingó” de Yamasá, que en octubre de 2014 pidió al Ministerio Público y la Policía que le ayudaran a recuperar un local ocupado por invasores, quienes habían destruido parte del mobiliario de un taller de capacitación.
Los invasores se repartieron 25 tareas y a pesar de que la federación había presentado la denuncia ante las autoridades de Monte Plata, no habían hecho nada. El local en cuestión está localizado en la comunidad Los Jovillos, de Cuesta del Jobo, Yamasá. Los terrenos fueron donados por el Instituto Agrario Dominicano en 2005 y los talleres fueron construidos por el Gobierno de Japón.
“Maquinaria invasora” es activa hasta diciembre
Hace tres meses, en Barahona la jueza del Tribunal de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva a Milton Fernández por encabezar una turba, donde una mujer murió de un balazo y un policía fue herido en un ojo.
Los terrenos son de la familia Díaz. También en octubre de 2014, en Los Alcarrizos, un desalojo dejó una persona herida de perdigones y decenas de viviendas destruidas. Diciembre tradicionalmente es un mes de fiesta, pero el día 13 (año 2014) unas 20 personas resultaron heridas a perdigonazos, una de bala y una menor de pocos días de nacida resultó afectada por los gases lacrimógenos lanzados por agentes policiales que derribaron dos casas y un colmado en el sector El Mirador de Los Girasoles.
Ese día la avenida Monumental se convirtió por varias horas en una especie de campo de tiro, luego de que el abogado del Estado y agentes policiales practicaran un desalojo de una vivienda de dos niveles, donde operaba el colmado en un terreno privado.
