En este año que finaliza hoy, el senador por la provincia San Juan fue el funcionario que más dio la cara ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debido a los múltiples procesos judiciales en los que fue involucrado.
Félix Bautista enfrentó cuatro procesos judiciales por supuestos actos de corrupción, en dos de los cuales resultó ganancioso de causa y otros dos aún no han concluido.
El juez de la SCJ, Alejandro Moscoso Segarra, conocerá el 15 de enero la audiencia preliminar de la solicitud de apertura a juicio hecha por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
Luego del auto número 03093, emitido por el entonces director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla García, que dispuso el archivo provisional de las investigaciones contra el legislador, el movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), la Convergencia Nacional de Abogados (Cona) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), interpusieron recursos de apelación contra la misma, dos de las cuales fueron ratificadas por la SCJ y una está pendiente de fallo.
En el mes de octubre Domínguez Brito presentó acusación y solicitó apertura de juicio y prisión preventiva contra Bautista como principal accionista de la Inmobiliaria Rofi y otras seis personas por, alegados actos de corrupción.
También colocó notas de advertencias u oposición contra los bienes de dicha empresa. Pero el juez de la Instrucción especial, Frank Soto Sánchez, ordenó al Ministerio Público levantar las notas de advertencias. Esa decisión fue apelada por el procurador a través de la PEPCA y también pidió el embargo de los bienes vinculados al legislador y los demás acusados.
Match jueza-fiscal
El enfrentamiento ante los tribunales no solo ha sido protagonizado por el Ministerio Público y el senador Félix Bautista, sino también entre jueces y fiscales.
La jueza de la Instrucción Margarita Cristo Cristo se querelló por ultraje contra la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, cuando se disponía a conocer la solicitud de archivo de una investigación contra el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa por alegados actos de corrupción y lavado de activos.
La querella había sido archivada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y posteriormente ese archivo fue revocado.
El 2 de mayo, Reynoso recusó a la magistrada alegando, entre otras cosas, que la sentencia estaba hecha, que se le designó para que tomara una decisión favorable al exfuncionario. También acusó a la jueza de incurrir en actos de corrupción y de recibir dos millones de dólares del caso Figueroa Agosto.
Diferencias entre MP y la Policía
Las diferencias de criterios entre el Procurador Domínguez Brito y el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, en torno a hechos delictivos, puso de manifiesto la rivalidad existente entre ambas instituciones, las que parecen haber acentuado los incumbentes.
La profundización de las diferencias inició en el 2012 con el allanamiento al complejo habitacional La Mulata III, en Puerto Plata, donde murió un ciudadano alemán y supuestamente fueron sustraídos 60 millones de pesos.
El caso que más evidenció las diferencias fue cuando el Procurador dijo que el país merecía contar con una Policía cuyo método de interrogar no fuera darle un tiro en la rodilla a un imputado o ponerle una plancha en el pie para obtener una declaración. La respuesta del jefe de la uniformada fue que “contrario a la ineficiencia del desempeño policial que se pretende resaltar, la proporción salarial de los miembros de la Policía Nacional son los menos remunerados de las instituciones del Estado, aun así, sacrificamos nuestras vidas, trabajamos con dedicación, esfuerzo, integridad y con determinación enfrentamos el crimen organizado y la delincuencia común en todo el territorio dominicano”.
El hecho más reciente fue el intento de fuga y asalto a la cárcel de Najayo Hombres, el pasado 24 de octubre, donde murieron cuatro reos y dos agentes penitenciarios. Al principio, ambas instituciones ofrecían informaciones por separado pero al final tuvieron que hacer una declaración conjunta sobre los acontecimientos y los implicados.
Abuso sexual de sacerdotes
Las denuncias de abuso sexual contra menores de edad presuntamente cometidos por el exnuncio apostólicos Józef Wesolowski y el padre Wojciech Waldemar Gil, “padre Alberto Gil”, en la comunidad de Juancalito, tuvieron repercusiones y cuestionamientos a nivel nacional e internacional. El vaticano dictó arresto domiciliario contra el exnuncio, lo expulsó del sacerdocio y le quitó su inmunidad, tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de varones menores de edad. De igual modo las autoridades de Polonia mantienen en prisión preventiva y presentaron acusación contra el Padre Gil.
El procurador Francisco Domínguez Brito viajó al Vaticano y a Polonia para dar seguimiento al curso de los expedientes.
Buitrago, Rizik, El Chino y Pascual
La Procuraduría Antilavado llegó a un acuerdo con 19 de los imputados de pertenecer a la red de narcotráfico internacional, presuntamente dirigida por los hermanos Huber Osvaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca, contra quienes fue dictada apertura a juicio, así como otras cuatro personas vinculadas a ellos. Con ese acuerdo el Estado recuperó más de RD$300 millones.
De igual modo fue puesto tras las rejas, como medida de coerción, Winston Rizik Rodríguez, alias “El Gallero”, señalado por la Procuraduría como uno de los narcotraficantes más peligrosos del país. También emitieron órdenes de captura nacional e internacional contra Pascual Cabrera y Pascual Cordero Martínez (El Chino) por supuesta vinculación al narcotráfico y lavado de activos.
