México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, enfrenta una creciente ola de protestas por la desaparición de 43 estudiantes.Pero también enfrenta las preguntas cada vez más fuertes sobre la compra, por parte de su esposa, de una mansión en ciudad de México a una empresa que había ganado y suscrito jugosos contratos con el Gobierno.
Esta compañía mexicana se había asociado con una empresa china para licitar la construcción de un tren de alta velocidad entre ciudad de México y Querétaro por 3,700 millones de dólares, cuya adjudicación se reversó la semana pasada en medio de críticas pues este consorcio fue el único postor.
La oficina del Presidente negó que hubiera irregularidades en la compra de la vivienda, para lo cual la compañía mexicana le había concedido un préstamo a la primera dama, Angélica Rivera.
El Gobierno también enfrenta crecientes protestas en el balneario turístico de Acapulco, al sur del país, de parte de familiares y simpatizantes de los 43 estudiantes de la escuela rural de profesores de Ayotzinapa, que desaparecieron el pasado 26 de septiembre.
Cierre aeropuerto de Acapulco
Manifestantes y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos cerraron ayer el aeropuerto del enclave turístico de Acapulco, en el Pacífico mexicano, con la cara cubierta y armados con machetes, bombas incendiarias, picos y palas para protestar porque sigue sin conocerse el paradero de los jóvenes. Las autoridades han ofrecido indicios de que fueron asesinados y calcinados, pero los familiares no quieren aceptar que los restos calcinados hallados en varias bolsas en un río cercano al lugar de la desaparición sean los de los estudiantes y el Estado tampoco lo declara de manera oficial. “Va a estar cerrado el aeropuerto por tres horas. Pretendemos hacerlo pacíficamente y en orden”, dijeron los manifestantes.
Estudiantes siguen en calidad de desaparecidos
El Procurador General de la República Jesús Murillo Karam dijo ayer a la cadena Televisa que los estudiantes siguen “en calidad de desaparecidos”, que se investigan “todas las pistas que se les ofrecen” y que al Estado “le interesa la presencia en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” en la línea de lo reclamado por los padres de los estudiantes.
