Santiago.-Asociaciones empresariales de Santiago y la región Norte valoran este martes el proceso judicial en casos de corrupción y favorecen que sea la Justicia y los tribunales el espacio para dirimir estos temas.
En un documento, las entidades promotoras del desarrollo de Santiago, integradas por la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Corporación Zona Franca de Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, la Asociación para el Desarrollo (APEDI), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas Santiago, se mostraron a favor de que los Tribunales de la República sean el espacio para dirimir todos los conflictos económicos, sociales y los casos de corrupción, identificándose con los procedimientos impulsados por la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, investigando y sometiendo las situaciones que lo ameriten.
Recuerdan que el Ministerio Público, por mandato constitucional (Artículo 169), es el órgano del sistema de justicia responsable de la implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad, gozando de plena autonomía y principios de actuación de soberanía funcional, administrativa y presupuestaria, de acuerdo al Artículo 170 de la Constitución.
“Entre todos, sociedad, empresa y Estado, tenemos que contribuir para que el Ministerio Público ejerza sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Este es un órgano cuyas funciones deben ser facilitadas por todos los sectores para que ejecute un excelente y transparente desempeño. Especialmente por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo de la Nación y la Sociedad en su conjunto”, explican.
Las Asociaciones Empresariales y Entidades de Desarrollo participantes de Compromiso Santiago 2016 entienden que debe ser un real compromiso de toda la sociedad, exigir el buen manejo de los recursos.
Finalizaron indicando que todos los órganos públicos, ministerios, instituciones autónomas y ayuntamientos, deben elevar sus niveles de transparencia y siempre estar prestos y disponibles para facilitar el acceso ciudadano a la dinámica administrativa y financiera del sector público.
