El Gobierno comenzó sus aprestos presupuestarios y todos los indicios apuntan a que para el 2015 el país tendrá un Presupuesto General elaborado dentro de las limitaciones tradicionales que imponen las rigideces legales y operativas. La historia se repite.
Por unas 22 leyes que atan porcentajes fijos, sea de los ingresos o del tamaño de la economía, la elaboración del presupuesto se torna, cada año, en un rompecabezas.
Al final, una gran parte de las instituciones terminan quejándose de que le tumbaron parte de pedido. Otras, argumentan sus reclamaciones en su autonomía administrativa y presupuestaria. A partir del 2013, solo el Ministerio de Educación queda satisfecho de la asignación, pues el Gobierno ha asumido el compromiso de cumplir el mandato de la Ley General de Educación, que consigna una asignación equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB).
Pero repartir un presupuesto donde de entrada hay compromisos legales que representan el 70% de su monto, y obligaciones de deuda pública que rondan una quinta parte del gasto total, es una tarea difícil. Simplemente, la demanda de recursos supera las disponibilidades.
Previa
Para el 2015, ya se ha adelantado que el servicio de la deuda pública, uno de los principales factores que limitan la capacidad de maniobra del Gobierno, aumentará alrededor de RD$20,000 millones en el 2015.
Y el gasto educativo, por motivo del cumplimiento del 4% del PIB asignado a la educación preuniversitaria, tendría un aumento de unos RD$10,000 millones. En el presupuesto del año que finaliza se consignaron RD$112,000 millones para el pago de la deuda pública, incluyendo RD$71,000 millones por concepto de intereses y comisiones.
De entrada, para el 2015 las partidas del 4% del PIB a Educación y la deuda pública, que son partes esenciales de las inflexibilidades que limitan el diseño del presupuesto público, reportarán entre ambas montos adicionales de unos RD$30,000 millones.
El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo en una entrevista reciente, en el almuerzo de elCaribe, que el presupuesto del próximo año sería superior al actual en aproximadamente un 5%, debido esencialmente al crecimiento esperado de la economía y a los mayores montos de vencimiento de la deuda pública. Un aumento de esa magnitud implicaría solo unos RD$30,600 millones. Como hay otras posibilidades de aumentos, como podría ser por el lado de los sueldos bajos de la administración pública, se cree que el monto del presupuesto llegue a RD$650,000 millones.
En los últimos años, el servicio de la deuda pública y los subsidios han aspirado la mayor proporción de los recursos consignados en las diferentes versiones presupuestales. Los servicios personales, que representan el pago a los servidores públicos, también tienen una alta ponderación dentro de las partidas de gastos con características de inflexibilidad.
Para el 2015 hay posibilidad de que se hagan ajustes salariales en el sector público, debido a que el 80% de la nómina del Gobierno Central está en la escala salarial mínima, que es de RD$5,117 al mes.
Compromisos previos
El paquete de compromisos fijos que pesan sobre el presupuesto está encabezado por la Ley General de Educación, que manda que a la educación preuniversitaria se le asigne el 16% del presupuesto o el 4% del PIB, el que sea mayor. Para el 2015 serían unos RD$125,000 millones.
También por ley a los ayuntamientos se les debe dar el 10% de los ingresos. Históricamente ese volumen nunca se le ha entregado, pero los gobiernos municipales participan de una buena parte del pastel presupuestal.
La ley 139-01 dispone que a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se le asigne el 5% del presupuesto nacional, mientras que por mandato de la ley 49-01, el 1% del presupuesto debe ir al Ministerio de la Juventud. Asimismo, la ley 163-03 dispone un 2% del presupuesto general para el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
También comprometen porcentajes de los ingresos, las leyes que crearon autonomía presupuestaria en las direcciones generales de Aduanas (DGA) y de Impuestos Internos (DGII). La ley 226-06 dispone que a la DGA le corresponde el 4% de sus recaudaciones por impuestos al comercio exterior, mientras que la Ley227-06 le asigna a la DGII el 2% de su recaudación efectiva, más el 0.5% “de la recaudación presupuestaria” para engrosar un Fondo Especial de Reembolsos Tributarios.
Al Congreso Nacional, en virtud de la Ley 194-04, le corresponde el 3.10% del Fondo General (2.17% para la Cámara de Diputados y 0.93% al Senado) y al Poder Judicial la ley 194-04 le asigna el 4.10% del Fondo General, dividido en 2.66% para la Suprema Corte de Justicia y 1.44% para el Ministerio Público. La misma ley le asigna al menos el 0.30% del Fondo General a la Cámara de Cuentas. l
JCE y partidos también con asignaciones fijas
Los recursos presupuestarios también circulan en forma de compromisos fijos entre los partidos políticos, la Junta Central Electoral y entidades sin fines de lucro. La Ley 275-97 consigna que el presupuesto de la JCE no podrá ser mayor al 1.5% del presupuesto nacional, mientras que en virtud de la misma ley se asigna el 0.5% del Fondo General, en los años electorales, a los partidos políticos. Para los años normales, la asignación baja al 0.25%.
Las transferencias corrientes y los subsidios no están fijados por leyes, pero representan globalmente un 19% del presupuesto.
US$1,600 MM
Representa el pago este año de los intereses y omisiones de la deuda pública dominicana.
US$1,000 MM
Es el monto al que el Gobierno ha limitado el subsidio al sector eléctrico, una de las mayores cargas fiscales.
