La Juventud Revolucionaria Dominicano, JRD, y la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas, Fedomusde, exhortaron este jueves al Poder Legislativo a “proseguir el curso, y no engavetar” el proyecto de ley que declara a loma Miranda parque nacional.
En ese sentido respaldaron la exhortación que hiciera a senadores y diputados el presidente del PRD, Miguel Vargas, a defender con entereza los recursos naturales y el medio ambiente.
Anunciaron que siempre apegados al mandato de la Constitución y las leyes, honrarán el compromiso y la determinación de la mayoría de la sociedad de defender en los escenarios político, jurídico y social la preservación y protección de loma Miranda como importante reserva ecológica del país.
Llamaron al Congreso, bajo control mayoritario del Partido de la Liberación Dominicana, a tomar en cuenta el principio jurídico de que «cuando hay contradicción entre la justicia y la ley, debe primar la justicia».
Dijeron que es justicia, justicia social lo que en su defensa de loma Miranda está demandando más del 95 por ciento del pueblo dominicano, en pleno ejercicio de sus derechos democráticos y sociales. Anunciaron que el sábado a la 1:00 de la tarde harán una visita simbólica a las estribaciones de Miranda.
“La observación realizada por el presidente Medina a esta ley, no significa bajo ninguna circunstancia la supresión definitiva de la ley, es decir, esta observación es una especie de sugerencia de parte del Poder Ejecutivo sobre puntos de la ley que entiende deben ser ponderadas por el Legislativo.
“El Art. 102 establece el proceso al que se somete una ley luego de ser observada, determinando que, luego de ser aprobada nuevamente por el legislativo, se convierte definitivamente en ley, sin la necesidad de la intervención del Poder Ejecutivo”, documentaron.
Exhortaron al presidente Danilo Medina a respetar la independencia de los poderes del Estadp, en este caso del Congreso, y también “a escuchar a la sociedad, y si su compromiso como Presidente es velar por sus intereses, no puede haber grandes dificultades pues la mayoría de la población ha hablado claro y fuerte sobre este tema”.
A Falcondo
Expusieron que pese a la profusa campaña de maketing de la empresa Falcondo, afirmando lo contrario, lo cierto es que en la explotación de Miranda pueden ser más los daños al medio ambiente por la extracción, transporte y procesamiento de los materiales, que los beneficios que plantea la multinacional que recibiremos durante 20 largos y extensos años de explotación ininterrumpida.
Subrayaron que Falcondo no ha podido demostrar con suficientes pruebas que su compromiso está enfocado en reducir considerablemente el impacto negativo de sus operaciones en loma Miranda, mientras insiste en sacar en cara los «beneficios» que el país ha recibido, los cuales ni se acercan a los cuantiosos capitales que ha recibido la empresa por sus operaciones en el país, expresaron en rueda de prensa encabezada por Joel Díaz, presidente de la JRD, y Mary Sánchez, presidenta de Fedomusde.
“Nuestro compromiso como juventud y como mujeres conscientes es defender la sustentabilidad de la protección medioambiental, pues en las futuras generaciones recaerán positiva o negativamente los esfuerzos que se hagan en el presente para preservar los recursos naturales que recibimos de las pasadas generaciones”, puntualizaron.
Al Presidente
En el aspecto legal, “en la lluvia de artículos constitucionales, leyes creadoras de situaciones jurídicas vinculantes con el tema medioambiental y las empresas de capital extranjero, así como la mención de los acuerdos internacionales de los cuales somos signatarios”, el presidente Medina al parecer olvidó que esa misma constitución, en su Art. 3 establece «El principio de la NO intervención» en la que expresa que «ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o PERMITIR la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la integridad del Estado».
También recordaron al primer mandatario que el Art. 17.2 «declara como prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, conservación de los bosques y la renovación de los recursos naturales», algo totalmente opuesto a los resultados que arrojaría la explotación minera en Loma Miranda.
Esa misma Constitución, prosiguen, en sus Arts. 66 y 67, establece como deber del Estado, específicamente en los numerales 1 y 2 del Art. 66 proteger la conservación y protección del medio ambiente y de lo que de este se desprende (fauna, flora, etc.)
En esa dirección, ampliaron, el Art. 67.5 establece la facultad que tienen los poderes públicos (en este caso el Poder Legislativo, que aprobó la ley que crea Loma Miranda Parque Nacional) de PREVENIR y controlar los factores de deterioro ambiental. Dicha prevención y control se produce sustentando las motivaciones que la generan en los informes del PNUD, el rechazo a la licencia de explotación de parte de Falcondo, y diversas opiniones de expertos en la materia.
