Han pasado once años desde que se inició en el 2003 el sistema de pensiones basado en el principio de capitalización individual en República Dominicana.
La reducida tasa de cotización, los bajos salarios, la elevada informalidad y las pocas opciones de inversión que la regulación vigente ofrece a los fondos de pensiones, de mantenerse, seguirán limitando el extraordinario impacto favorable que estos recursos pueden tener sobre el ahorro, la competitividad y el crecimiento económico.
Al final de junio del 2014, los fondos en las cuentas de capitalización individual ascendían a RD$216,357 millones, equivalente a casi US$5,000 millones.
El 66.0% de los fondos estaban invertidos en títulos del Estado, distribuidos de la siguiente manera: 47.27% en certificados de inversión y títulos de renta fija del Banco Central, 18.31% en bonos del Ministerio de Hacienda y el 0.46% en certificados de depósitos y bonos del BNV. El 32.2% de los fondos estaba colocado en certificados de depósitos en el sistema financiero (bancos múltiples, asociaciones de ahorro y préstamos y bancos de ahorro y crédito). Apenas el 1.60% estaba invertido en bonos emitidos por empresas privadas (EGEHaina y CEPM) y el 0.12% en bonos de organismos multilaterales.
La cartera de inversiones de los fondos de pensiones registra un elevado nivel de concentración. El Indice Herfindahl-Hirschman (IHH) ascendía a 0.54 a junio del 2014, reflejando un altísimo nivel de concentración de la cartera de inversiones. El IHH, cuando arrancó el sistema, era de 1.00, reflejando la concentración absoluta en certificados de depósitos en el sistema financiero.
El IHH comenzó a bajar en el 2005 cuando se realizaron algunas inversiones en bonos emitidos por algunas empresas. La baja de la concentración se aceleró en el 2007, cuando se permitió también invertir en títulos del Banco Central y luego en bonos del Ministerio de Hacienda.
En el 2008, el IHH se redujo a 0.43. A partir del 2008, el IHH ha venido aumentando, llegando a 0.54 en junio pasado.
Este resultado, contrario a lo que debería producirse a medida que el sistema va madurando, se debe fundamentalmente a que a las empresas dominicanas les resulta más barato endeudarse en la banca múltiple a la tasa de interés preferencial (actualmente 10%), que a través de bonos corporativos que tendrían que emitir a tasas mayores.
¿Porqué mayores? Porque el Banco Central y Hacienda han estado emitiendo a tasas superiores a la tasa de interés preferencial de la banca múltiple. En otras palabras, el Banco Central y Hacienda, con su agresiva política de colocaciones, han “expulsado”, o mejor dicho, han impedido la entrada de las empresas privadas al mercado de capitales.
Todo parece indicar, sin embargo, que esto comenzará a cambiar en la medida en que Hacienda y el Banco Central logren coordinar sus programas de colocaciones de bonos, acuerden la necesaria convergencia de rendimientos para todos los títulos del Estado de similar plazo, y comprendan que ofrecer rendimientos reales varias veces superiores a los ofrecidos por los títulos del Estado en los demás países de la región, sólo sirve para desangrar el de por sí débil flujo fiscal del Gobierno.
El Salvador, Uruguay y Costa Rica exhiben también altos niveles de concentración de la cartera de inversión de los fondos de pensiones. La mayor parte de los fondos están invertidos en títulos del Estado. Eso ha limitado el impacto favorable de la reforma de pensiones en esos países. Las carteras de inversión más diversificadas son las de Perú, Colombia, Chile y México.
El Gobierno dominicano, a través de la SIPEN, debe evaluar las opciones que tiene para diversificar las opciones de inversión que ofrece a los fondos de pensiones. La primera medida, como señalamos anteriormente, es lograr que el rendimiento que ofrezcan los títulos del Banco Central y Hacienda estén 2 ó 3 puntos porcentuales por debajo de la tasa de interés preferencial de los bancos múltiples. Eso estimularía a las empresas a emitir bonos corporativos que podrían resultar atractivos para los fondos de pensiones. Pero hay que promover también la diversificación en los tipos de instrumentos de inversión. Actualmente el 100% de las inversiones de los fondos de pensiones está colocada en títulos de renta fija. En Chile, por ejemplo, el 40.9% de las inversiones está colocado en títulos de renta variable (acciones de empresas).
Un buen punto de partida sería permitir a los fondos de pensiones comprar acciones de empresas eléctricas en las cuales el Estado dominicano tiene una participación importante, como es el caso de EGEHaina, EGEItabo y la propia ETED. También invitando a los fondos de pensiones a participar, junto con el Estado, en proyectos como el de las plantas de carbón en Punta Catalina. Alguien podría pensar que esto último no sería conveniente, ya que los fondos de pensiones harían su inversión en pesos y esos pesos serían utilizados por el Consorcio que construye las plantas para comprar dólares. Pero esto no es cierto. Cerca del 25% del costo total de construcción de las dos plantas de carbón corresponde a gastos locales. Semejantes criterios, aberraciones y temores cambiarios, de continuar prevaleciendo, limitarán el impacto favorable de los fondos de pensiones.
En Chile, por ejemplo, los fondos de pensiones han invertido US$8,600 millones en empresas del sector eléctrico (Enersis, Endesa, AES Gener y Colbun). Incluso, más de US$13,500 millones han sido invertidos en el comercio de detalle de todo tipo de productos (Cencosud y Falabella) y en el segmento de distribución de combustibles (COPEC), ambos con un alto componente de bienes importados. Como si esto fuera poco, el 39% de la cartera de inversión de los fondos de pensiones en Chile está colocado en el extranjero (bonos de gobiernos extranjeros, fondos mutuos y de inversión extranjera, fondos índices, inversiones directas en acciones de empresas, entre otros). ¿Han provocado estas decisiones de la Superintendencia de Pensiones en Chile presiones alcistas sobre la tasa de cambio? En lo absoluto. La tasa de cambio anual promedio muestra una tendencia a la baja, descendiendo de 695 pesos chilenos por dólar en el 2003 a 495 en el 2013. Lo que se requiere son políticas fiscales sensatas, buena coordinación entre la política fiscal y la monetaria, y que todos los miembros del equipo económico halen, como recomendaba el profesor Harberger, en la misma dirección.l
