El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, ha hecho lo correcto al solicitarle al Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA) que se encargue de verificar los costos de construcción de las aulas construidas por el gobierno dentro del Plan Nacional de Edificaciones Escolares, cuya supervisión está a cargo de su departamento. La iniciativa es en respuesta a una queja pública del obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana, Julio César Holguín, quien es miembro de la Comisión de Veeduría del Ministerio de Educación.
La responsabilidad de los prestantes ciudadanos que integran esa comisión es velar por el buen uso en la contratación y compras del ministerio, conforme lo establece la ley, y cuyo cumplimiento es parte del compromiso de transparencia y honestidad en el gasto público que la administración del presidente Danilo Medina ha contraído con el pueblo dominicano. La designación de esas veedurías ha sido celebrada por la sociedad civil como una muestra de la intención presidencial de asumir prácticas que dejen atrás años de derroche y malversación de fondos públicos.
La rápida reacción del ministro de Obras Públicas se refiere a una preocupación externada por el obispo sobre el costo por unidad de las aulas. En su comunicación al CODIA, Castillo Terrero le solicita la verificación de esos costos, a fin de que ese organismo, “pueda dar respuesta pública a la preocupación del obispo Holguín en base a los resultados de sus verificaciones”, en cumplimiento de lo que llama “principio de transparencia que rige en la administración pública”.
Este es el tipo de actitud que contribuye a crear confianza en una administración y, lo que es también muy importante, es muestra de respeto a la opinión pública, lo que no ha sido usual en la tradición gubernamental en la que siempre ha primado un absoluto desprecio por las críticas y observaciones como la del obispo.
