Que esta vez sea la vencida

La Cámara de Diputados aprobó de nuevo, en primera lectura, el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, una iniciativa que tiene varios años de presentada sin que hasta la fecha haya sido posible su aprobació

La Cámara de Diputados aprobó de nuevo, en primera lectura, el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, una iniciativa que tiene varios años de presentada sin que hasta la fecha haya sido posible su aprobación definitiva. Este proyecto modificará la actual ley 82-79, la cual adolece de limitaciones que impiden el control y fiscalización del patrimonio de los funcionarios. Una de las novedades de esta iniciativa es que penalizará a los servidores públicos que falseen datos en su declaración jurada; de esta forma se evitará una práctica generalizada en el Estado dominicano.

Como he señalado en varias oportunidades, esta es una reforma urgente, pues la actual ley de declaración jurada ha quedado obsoleta en relación a lo que establece la Constitución sobre la proscripción de la corrupción. La Carta Magna determina la obligatoriedad que tienen los servidores públicos de declarar sus bienes y de probar su origen, antes y después de haber finalizado sus funciones. Es común en el país que a muy poco tiempo de ocupar un cargo, funcionarios exhiban riqueza que no se corresponden con los ingresos que devengan. Es necesario que todo servidor público se vea obligado a dar explicación a la ciudadanía sobre la forma en que aumentan sus bienes durante el periodo que está en el Estado.

Aunque mucha gente entiende que en el país tenemos leyes más que suficiente para controlar la corrupción y que lo que ha faltado es voluntad política, una legislación de esta naturaleza es una contribución importante en el combate a este flagelo. Por dos razones, en primer lugar porque tipifica, en una ley adjetiva, el enriquecimiento ilícito, una figura que está contemplada en la Constitución y en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la cual la República Dominicana es signataria. En segundo lugar, la existencia de una ley como ésta es una herramienta más, que tienen los ciudadanos para presionar a las autoridades en el cumplimento de su deber.

Además de lo anterior, no tenemos dudas de que el país tiene que avanzar en la constitución de instituciones robustas que estén en capacidad de hacer cumplir las leyes. Sin embargo, en lo que esto llega, se debe valorar positivamente que se aprueben nuevas legislaciones que contribuyan con la transparencia en el ejercicio de la función pública. Aspiramos a que el Congreso no dé más larga a esta discusión y que por fin esta vez sea la vencida, para la aprobación de la ley de Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito.

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