Nuestra Constitución prescribe para el dominicano, por medio del Artículo 75 (De los Deberes Fundamentales, en el acápite 10), “Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
No parece, sin embargo, que en ese mandato pensaban los legisladores que diseñaron e instalaron a escondidas el terrible “barrilito”, cuyos aportes al legislador individual provienen de un Estado que se ha convertido en el principal financiador de actividades dolosas por parte del servidor público, como parte de una malévola campaña de compra de votos y de conciencias.
Si bien es encomiable el ejercicio de la solidaridad para con sus congéneres por parte de cualquier ciudadano, es de esperarse que los fondos utilizados en tales actos sean de la propiedad personal del solidario, porque si no son suyos se hace reo de robo el ciudadano común, o de prevaricación el servidor público.
Tengo la impresión de que el ciudadano presidente de la Cámara de Diputados no comprende ni el significado ni el alcance de sus propias declaraciones: “No hemos podido desprendernos del clientelismo heredado”, a pesar de sus esfuerzos personales para terminar la práctica, ufanándose de la instalación de procedimientos de transparencia, que dan cuenta de los gastos ilegales e impropios de cada legislador.
Así como diputados diseñaron e instalaron un mecanismo para agenciarse de los fondos públicos dineros para ejercer la hipocresía de la solidaridad, también diputados pueden diseñar otro mecanismo que termine la prevaricación. No se necesita mucha inteligencia, pues los registros deben estar en los archivos de las Cámaras Legislativas. Solo se requiere de voluntad política para darle fin a tan bastardo empeño de continuidad política y mala práctica administrativa. Lo único malo es, don Abel Martínez, que la voluntad política fundada en valores éticos no se vende en boticas. Solo la posee el individuo honesto. El que no lo es, busca explicaciones y excusas.
La Carta Magna Dominicana también tiene otro mandato. El Artículo 146 en su acápite 1): “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.
Comprométase a contribuir a dar fin a la mayor brevedad a esta maldita corrupción que envenena el alma dominicana y hace de nuestro país el ejemplo de sistema de gobierno a no ser imitado. Y, porque querer es poder, lo lograremos.
