La Dirección de Defensoría Pública y dos organizaciones de la sociedad civil reclamaron este lunes la intervención del presidente Danilo Medina para enfrentar la débil coordinación interinstitucional que impide abordar adecuadamente la delincuencia en el país.
La coordinadora de los Defensores Públicos, Laura Hernández, afirmó que resultan altamente cuestionables los asesinatos atribuidos a denominados intercambios de disparos por parte de la Policía Nacional, ya que como “los muertos no pueden hablar” sólo se escucha la versión de esa institución y se pone en riesgo a toda la ciudadanía.
Hernández insistió junto a los representantes de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa y Servio Tulio Castaños, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), en la necesidad de que las investigaciones policiales sean tuteladas por el Ministerio Público para evitar excesos.
En tanto, Servio Tulio Castaños, dijo que las declaraciones del procurador Francisco Domínguez Brito, quien denunció que en los últimos casos de sicariato hay envueltos ex policías, constituyen una alerta que refleja la crisis institucional del sistema y que en otro país del mundo habrían movilizado al Estado.
En ese sentido, consideró que el presidente Medina en lo adelante tendrá que jugar un rol más activo para enfrentar la problemática.
También cuestionó el hecho de que la Policía informe sobre las muertes de supuestos delincuentes con hasta 24 fichas “pero sucede que cuando vas a la Procuraduría te dicen que esa persona nunca fue sometida a la justicia, aquí hay un problema serio que va arrastrar y se puede llevar de encuentro a nuestras instituciones”, alertó.
Todos somos vulnerables
Mientras que, Rosalía Sosa de PC, afirmó que cuando un sistema es tan vulnerable y permisible como el de República Dominicana, “los primeros que estamos en un estado de probabilidad de caer somos los ciudadanos comunes y corrientes”, por lo que apeló a que las autoridades encargadas de combatir el crimen se ciñan al cumplimiento de la Constitución y de los códigos Penal y Procesal Penal.
Sostuvo que el Estado está muy concentrado en la persecución y en la coerción penal, obviando el tema de la prevención y la disuasión del delito en los barrios marginados, donde aquellos ciudadanos carentes de empleo y oportunidades son más vulnerables a delinquir.
Agregó que bajo ninguna circunstancia puede promoverse que las autoridades vulneren la Constitución y que a aquellas personas que violaron la ley deben ser procesados respetándole sus derechos. “La respuesta que está dando el Estado es una respuesta violenta y eso genera más violencia”.
