En poco más de un año arranca la campaña electoral para la elección de los ocupantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal. A pesar del gran esfuerzo fiscal que ha realizado la administración del Presidente Danilo Medina, la persistencia del déficit del sector eléctrico y las pérdidas cuasi-fiscales del Banco Central difícilmente permitirán que el déficit del sector público consolidado en el 2015-2016 pueda reducirse por debajo del 4% del PIB. Un gran avance con relación al nivel de 8.1% registrado en el 2012, pero prácticamente nulo cuando se contrasta con el promedio de 3.7% del período 2005-2011. Con un déficit consolidado de 4% del PIB, la deuda pública seguiría aumentando, sobrepasando la barrera del 50% del PIB el año próximo.
En adición a los elevados déficit del sector eléctrico y del Banco Central, existen dos factores que están contribuyendo a la inflexibilidad a la baja del déficit del sector público. Primero, el aumento de la inversión en educación para cumplir con el compromiso de 4% del PIB. Y segundo, el estancamiento de la presión tributaria.
Los déficit del sector eléctrico y del Banco Central fueron relativamente altos durante el 2005-2011. ¿Por qué entonces el déficit del sector público consolidado pudo promediar 3.7% del PIB? Sencillamente porque la inversión en educación promedió 2.1% del PIB en ese período. Y la presión tributaria, que promedió 14.2%, es idéntica a la que tenemos en el 2014. Si le sumamos 1.9% (4.0% – 2.1%) más de inversión en educación al déficit de 3.7%, tendríamos un déficit del sector público consolidado de 5.6% durante el 2005-2011.
El problema de la inflexibilidad a la baja del déficit del sector público consolidado -una especie de déficit estructural que sólo reformas serias podrían doblegar-, requiere de una fuerte dosis de voluntad política, responsabilidad ciudadana y capacidad de concertación con los sectores sociales organizados que permitan la construcción de un Pacto Fiscal que opere sobre los ingresos y los gastos públicos.
Si queremos mantener el compromiso del 4% del PIB en educación, tenemos necesariamente que recaudar más. Si no lo hacemos, el déficit no va a reducirse mucho más y la deuda pública seguirá aumentando. Con una presión tributaria de 14.1% del PIB, la carga del 4% del PIB en educación es sencillamente insostenible, obligando al Gobierno a endeudarse interna y externamente para financiar un déficit público cercano al 5% del PIB. En la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) se fijó una presión tributaria meta de 16% para el 2015. Con una recaudación tributaria de 16% del PIB, el déficit del sector público consolidado podría reducirse a cerca de 3% del PIB en el 2015. Sería un gran avance, pero insuficiente.
Se necesitarían recortes adicionales en el gasto, específicamente, la eliminación de gastos improductivos que todavía pudiesen existir en algunas áreas del Gobierno y del resto del sector público, la reducción del déficit eléctrico y la baja en los gastos financieros en que incurre el sector público cuando emite deuda en el mercado doméstico.
La presente administración ha reiterado en varias ocasiones que no habrá más reformas tributarias ni aumento de impuestos. El mensaje ha sido claro y contundente. No sabemos, sin embargo, si eso abarca impuestos que fueron aprobados en la reforma tributaria de finales del 2012 y que todavía no han sido ejecutados. Tampoco sabemos si eso incluye a las exenciones de arancel, Itbis e impuestos selectivos al consumo que el Gobierno otorga a las compras por internet inferiores a los US$200.00, incluyendo las de vinos y otras bebidas alcohólicas, con lo cual algunos “padres de familia” se ahorran hasta un 50% con relación al precio que estas se venden en los establecimientos formales que pagan sus impuestos.
El rechazo a cobrar impuestos aprobados por la reforma del 2012, unido a la negativa de cobrar a todo el que consume la electricidad, racionalizar el subsidio conferido en la estructura tarifaria hasta los que consumen mensualmente hasta 700 kWh (en la región sólo se subsidian los primeros 100 kWh) y ajustar la tarifa gradualmente, hace prever que el déficit público difícilmente, podría descender por debajo del 5% del PIB, dada la inversión del 4% del PIB en educación y el cuasi-fiscal de 1.4% del PIB del Banco Central.
Resulta previsible, por tanto, que el tema de la deuda pública, será un tema de campaña. El aumento de la deuda pública preocupa a una proporción creciente de la población y de seguro, algunos estrategas de campaña van a querer introducirlo en el debate. Y es bueno que suceda pues ahí podremos constatar cuáles candidatos van a imitar a George H. W. Bush cuando en su discurso ante la Convención del Partido Republicano en 1988 pidió que leyeran sus labios antes de decir: no nuevos impuestos. Cuando asumió, la realidad fiscal lo sacudió. Cumplió lo prometido. No creo nuevos impuestos. Aumentó algunos de los existentes.
El menor déficit público que se ha registrado en el país en los últimos 12 años fue el del 2007: 1.7% del PIB. Ese año, la presión tributaria alcanzó 16%, la misma que aparece como meta en la END para el 2015. Resulta obvio que esa meta no se va a alcanzar pues la presente administración ha sido muy clara al establecer que no habrá más reformas tributarias en lo que resta al presente gobierno.
Pero aún con una presión tributaria de 16% a partir del 2017, dada la inversión en educación de 4% del PIB, el déficit público quedaría en la vecindad de 3% del PIB. La deuda pública como porcentaje del PIB mostraría resistencia a la baja. De ahí la necesidad de enfrentar con responsabilidad el problema del déficit de las EDES y el del Banco Central. Si no lo hacemos, nos quedaría una última opción: mirar al pasado y movernos a los niveles de presión tributaria de 18% de los años 1957-1958. l
