A propósito del cambio que se ha producido en la gestión del Ministerio de Agricultura, y a riesgo de ser repetitivo, es necesario insistir en que la República Dominicana merece un programa específico de apoyo a la pequeña agricultura. Eso implica dar un paso más allá del que ha dado el gobierno del Presidente Medina con sus conocidas intervenciones crediticias a la medida de iniciativas específicas de colectivos de productores y productoras. También implica reenfocar las revitalizadas acciones del Ministerio de Agricultura en materia de fomento a la producción agropecuaria, las cuales han parecido orientadas en la mediana agricultura comercial, sin mayores énfasis en la pequeña producción de campesinos y campesinas pobres.
Las intervenciones crediticias del Presidente han tenido al menos dos virtudes. Primero, han devuelto la atención pública al tema de la agricultura, la economía rural y la pequeña producción. Y segundo, ha procurado atacar una de las restricciones más severas a la que se enfrenta la agropecuaria en general y la pequeña producción en particular: el crédito y el acceso a recursos financieros.
Sin embargo, eso está todavía lejos de constituirse en una política pública bien articulada y definida con potencial de empezar a transformar la economía rural y la vida de miles de hogares rurales.
El crédito es apenas una de cinco áreas de intervención que pueden considerarse críticas. Las otras cuatro son riego, tecnologías, tierras y comercialización. Sin avances sustantivos en esas otras, la sostenibilidad y el impacto de largo plazo de las intervenciones crediticias del Presidente quedan comprometidos. Sin acceso satisfactorio a agua y al aprendizaje de mejores prácticas agrícolas, el crédito podría elevar la producción por un período corto porque mejora el acceso a insumos, pero no contribuirá a aumentar de manera sostenida los rendimientos, y el volumen y la calidad de la producción. Estos elementos son imprescindibles para lograr un mejor trato en el mercado.
Igualmente, sin esquemas de comercialización que permitan que, a través de precios más elevados y/o más estables, la pequeña producción pueda capturar una proporción más elevada del valor en las cadenas de procesamiento y/o abastecimiento en las que participan, los beneficios de las transformaciones a nivel productivo podrían terminar quedando en manos de otros como de los compradores, los procesadores o los proveedores de insumos.
Además, el acceso a tierras sigue siendo otra de las restricciones más severas que enfrenta la pequeña producción. En muchos rubros agrícolas hay economías de escala. Eso quiere decir que superficies cultivadas más extensas contribuyen a aumentar los rendimientos y reducir los costos. No se trata de aspirar a que las pequeñas explotaciones se conviertan en unas de gran tamaño sino de lograr, donde sea posible, escalas mínimas, individuales o colectivas, que permitan una producción más eficiente.
En esas otras cuatro áreas (incluyendo agua, pues una presa no es una política), el gobierno se muestra tímido y la articulación de intervenciones integradas que las aborden de manera simultánea pero adaptándolas a las especificidades de la producción y de las condiciones de los territorios, es todavía una aspiración insatisfecha.
En años recientes, América Latina ha acumulado una valiosa experiencia con nuevos y más vigorosos programas de apoyo a la pequeña producción. En Brasil hay todo un ministerio dedicado sólo a eso, cuya labor se diferencia de la de otro que se encarga del fomento de los agro-negocios y la agro-exportación. En Bolivia han transformado el andamiaje institucional, creado ministerios, definido estrategias e impulsado programas de acceso a la tierra, insumos y tecnología para pequeñas explotaciones agropecuarias. En El Salvador y Nicaragua, países más cercanos y parecidos al nuestro, han adoptado programas específicos que vinculan diferentes instituciones del Estado. En El Salvador impulsan el Programa de Agricultura Familiar (PAF) que pone énfasis en la provisión de insumos, tecnología y crédito y la comercialización de casi 400 mil hogares campesinos en pobreza que producen en menos de 50 tareas. En Nicaragua impulsan el programa PRORURAL Incluyente que busca mejorar la calidad de los servicios públicos para la pequeña producción, con un enfoque productivo, social y ambiental.
En esta materia, el país se está quedando atrás, y con él su población rural pobre. El Programa de Apoyo a la Transformación Competitiva de la Agricultura (PATCA) fue un interesante ejercicio de atención integral. Hay precedente. Hace falta visión y voluntad.
