La Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro) solicitó al Tribunal Superior Administrativo una medida cautelar en busca de abrirse paso para objetar el traspaso de Orange por ser, a su juicio, irregular.En su solicitud, la compañía detalla que el cuatro de noviembre de 2013 la sociedad comercial Altice VII anunció que mediante una de sus filiales, Altice Caribbean, había suscrito acuerdos tendentes a la adquisición del 88% de las acciones del concesionario Tricom.

Según la instancia, pocos días después, la misma empresa anuncia haber llegado a un acuerdo para la adquisición del 100% de las acciones de la filial de Orange República Dominicana.

Precisa también que, a propósito de una solicitud de información formulada al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), advirtió que la adquisición de ambas empresas por el mismo grupo económico pudiera afectar notablemente la composición actual del mercado de las telecomunicaciones en el país competencia.

Claro dice que solicitó al Indotel, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información, entre otras cosas, la siguiente: una certificación donde conste si a la fecha ha sido sometida la autorización para la trasferencia de activos y/o cambio de control accionario o de administración de la concesionaria Orange, y en caso de que exista, pidieron copia de la solicitud de los documentos correspondientes a la misma. Indicó que le fue negada la solicitud, alegando Indotel que Orange había requerido la declaratoria de confidencialidad de los datos.

Explica que la insuficiencia documental producida por la negación de la información, que debe ser de dominio público, le impide ejercer los derechos reglamentarios, “esto sin menos precisar que se han evidenciado y comprobado situaciones que merecen ser observadas y objetadas”. 

Dice que el 14 de febrero, se publicó un extracto del requerimiento de traspaso, con lo que empiezan a correr los plazos y advierte que presentarán observaciones y objeciones a los elementos publicados, y que la documentación oculta podría generar una situación  que afecte la libre, leal y sostenida competencia.

La Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro) solicitó al Tribunal Superior Administrativo una medida cautelar en busca de abrirse paso para objetar el traspaso de Orange por ser, a su juicio, irregular.

En su solicitud, la compañía detalla que el cuatro de noviembre de 2013 la sociedad comercial Altice VII anunció que mediante una de sus filiales, Altice Caribbean, había suscrito acuerdos tendentes a la adquisición del 88% de las acciones del concesionario Tricom. 

Según la instancia, pocos días después, la misma empresa anuncia haber llegado a un acuerdo para la adquisición del 100% de las acciones de la filial de Orange República Dominicana.

Precisa también que, a propósito de una solicitud de información formulada al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), advirtió que la adquisición de ambas empresas por el mismo grupo económico pudiera afectar notablemente la composición actual del mercado de las telecomunicaciones en el país competencia. 

Claro dice que solicitó al Indotel, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información, entre otras cosas, la siguiente: una certificación donde conste si a la fecha ha sido sometida la autorización para la trasferencia de activos y/o cambio de control accionario o de administración de la concesionaria Orange, y en caso de que exista, pidieron copia de la solicitud de los documentos correspondientes a la misma. Indicó que le fue negada la solicitud, alegando Indotel que Orange había requerido la declaratoria de confidencialidad de los datos. 

Explica que la insuficiencia documental producida por la negación de la información, que debe ser de dominio público, le impide ejercer los derechos reglamentarios, “esto sin menos precisar que se han evidenciado y comprobado situaciones que merecen ser observadas y objetadas”.  

Dice que el 14 de febrero, se publicó un extracto del requerimiento de traspaso, con lo que empiezan a correr los plazos y advierte que presentarán observaciones y objeciones a los elementos publicados, y que la documentación oculta podría generar una situación  que afecte la libre, leal y sostenida competencia.