CARACAS, Venezuela— El presidente Nicolás Maduro promulgó el miércoles una serie de decretos-ley en el ámbito económico que parecen estar lejos de concretar las expectativas de quienes durante más de un año esperaron que se tomaran medidas de fondo para enfrentar la grave crisis económica del país.
Cuando resta un día para que expire una legislación que otorgó a Maduro poderes especiales para legislar por nueve meses, el presidente promulgó 20 nuevos textos legales, entre los que destacan la reforma parcial de varias legislaciones tributarias —incluido el impuesto sobre la renta— en la que se estableció el aumento del 34% al 40% de la alícuota máxima que se cobra a las grandes empresas, entre otros tributos, «para elevar la recaudación» y «para garantizar la inversión social».
Maduro indicó que «esta reforma del impuesto sobre la renta va dirigido a los contribuyentes especiales del gran capital de Venezuela», estimado en unos 3.000 contribuyentes, y enfatizó que «no va dirigido a las personas naturales ni las personas jurídicas que no tienen gran capital».
Venezuela enfrenta actualmente una severa crisis signada por una galopante inflación —que analistas estiman cerrará el año en tres dígitos_, severos problemas de escasez de productos básicos, una contracción del aparato productivo y un fuerte déficit fiscal agravado por la merma de los ingresos del gobierno por la caída de los precios del crudo. El petróleo genera 96% de las divisas que recibe el país por exportaciones.
La reforma busca además «eliminar la posibilidad de evasión que aún quedaba». En tal sentido, Maduro mencionó que «se eliminó el ajuste por inflación que se ha constituido en un mecanismo de disminución injustificada para el pago del impuesto de estos contribuyentes del gran capital».
Además se reformó una ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, «exclusivamente para personas jurídicas de alta concentración de capital».
El presidente comentó que el alcance de este texto legal será explicado en detalle en enero, pero adelantó que se cobrará «0,75% de cada transacción de estos altos contribuyentes».
Maduro, acosado por la inflación, dijo también que el nuevo andamiaje legal es parte de un esfuerzo para corregir los efectos de la «guerra económica» que, según él, empresarios y adversarios políticos habrían desatado desde 2013 para generar malestar entre los venezolanos y justificar su derrocamiento.
Estas leyes fueron aprobadas por Maduro apoyado en poderes especiales que le otorgó en marzo la saliente Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, para emitir decretos con fuerza de ley durante unos nueve meses, que expira el 31 de diciembre.
Entre las normas promulgadas el miércoles figura además la reforma de un decreto-ley promulgado meses atrás que reforzó el dominio del gobierno sobre la agobiada economía venezolana, sometida desde hace más de una década a severas restricciones como el control de precios y de divisas, que se han traducido en una galopante inflación y severos problemas de escasez.
Entre las medidas de fondo que siguen pendientes está el incremento de los precios de la gasolina en Venezuela, una de las más baratas del mundo y que están congelados desde hace más de una década.
El gobierno ha reconocido que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. pierde anualmente 12.592 millones de dólares por la diferencia en lo que cuesta producir la gasolina y el precio en que la vende en el mercado local.
