Juliana Deguis intentó salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) sin pasaporte, con planes de viajar a los Estados Unidos.Al margen de las consideraciones sobre la sentencia 168-13 y de las opiniones encontradas relativas a la nacionalidad, lo cierto es que de acuerdo a las leyes dominicanas y de todos los países del mundo ninguna persona puede viajar sin pasaporte, y pretender que Juliana Deguis lo haga es esperar un trato preferencial que es injusto e inconstitucional.
La joven no hizo siquiera una solicitud formal para adquirir un pasaporte de viaje, sino que se presentó a la Dirección General de Pasaportes con abogados y periodistas a depositar una copia de un acta de nacimiento y de una visa otorgada por la embajada norteamericana, sin ninguna otra documentación de las que se requieren para sacar ese documento, como una cédula de identidad y electoral.
Las autoridades no pueden permitir la salida del territorio nacional a personas que no estén amparadas de un pasaporte, con excepción de aquellos casos en los que haya sido expedida una carta de ruta, que no aplica a Deguis porque sólo se emite a extranjeros que han perdido sus documentos y que van de regreso a su país de origen, y evidentemente, en cumplimiento de la ley, los empleados de la Dirección General de Migración con sede en el AILA impidieron la salida de Juliana.
El argumento principal de los abogados de la joven es que ella cuenta con una visa estadounidense que debe ser suficiente para viajar, pero si República Dominicana permite viaje alguno sin pasaporte estaría violando sus propias leyes y algunas internacionales.
Sobre la visa concedida por Estados Unidos, más que una falta de delicadeza es una atrevida intromisión en los asuntos nacionales pues la visa norteamericana otorgada a Juliana, bajo el título “nationality” (nacionalidad), expresamente dice “dominican” (dominicana), injerencia atroz que ignora que no puede otro país reconocer u otorgar de facto una nacionalidad a una persona a quien el Estado en cuestión, por sentencia de su máximo tribunal, se la ha negado.
Aunque es entendible la preocupación de muchos por los aspectos sociales y humanitarios del caso de Juliana Deguis, no se debe permitir que las emociones lleven a la irracionalidad de pretender desconocer el estado de derecho. La ley es la ley y hay que cumplirla aunque no sea de agrado. Cualquier otra cosa es abrirles las puertas al caos y al desorden.
