Nada retrata mejor el total desorden y falta de autoridad que ha reinado en nuestro país como la situación de nuestro registro civil y el tránsito terrestre.En el caso del tránsito no solo hay desorden sino también total rebeldía ante la ley, pues según la Dirección de Tránsito Terrestre hay 1,800,000 licencias emitidas, pero solo 840 mil están al día, esto es el 46%; lo que es todavía peor en el caso de los motoristas, pues solo un 15% posee licencia de conducir.
Nuestras autoridades saben que hay una maraña de instituciones para regular el tránsito que solo sirven para repartir puestos políticos sin que ninguna sea la responsable ni articulen actuaciones, que hay dueños de rutas y monopolio del transporte, que hay total impunidad para que muchos violen las leyes de tránsito, pero han preferido esconder la cabeza como el avestruz. Por eso tenemos uno de los tránsitos más desorganizados del mundo, un pésimo transporte público y una altísima tasa de accidentes de vehículos de motor, más todas las consecuencias que de esto se derivan.
Tenemos un registro civil deficiente, plagado de errores por incompetencia de los oficiales, así como de irregularidades producto de la corrupción, en el que prácticamente no existe un acta que no contenga errores en las fechas, en los nombres de los declarantes, de los testigos y otros. Ese es el diario vivir de nuestro registro civil para aquellos que tenemos la dicha de estar documentados, pues para los que no lo están, la agonía es peor, al verse condenados a ser muertos civiles porque los enredos, burocracia y falta de soluciones a los problemas les han hecho imposible tener actas de nacimiento o poder sacar las de sus hijos.
Mientras los problemas de fondo del registro civil no han tenido solución y por tanto las consecuencias se han agravado, hemos malgastado millones de recursos en aumentar el presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE), ampliar el número de sus integrantes, crear un tribunal especial electoral. Esto equivale a decir que hemos colocado lujosos mobiliarios sobre un piso de tierra.
Por eso sorprende que la propia JCE, que mantiene en total desorden nuestro registro civil, entienda que con una auditoría, a realizarse desde el año 1929 a la fecha como ordena la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, podrá solucionarse el problema migratorio del país.
Lo cierto es que esa auditoría debería hacerse al registro civil completo lo que de seguro arrojará la poca confiabilidad de su data y la histórica irresponsabilidad de sus oficiales, lo que debería obligar a que de una vez por todas nuestras autoridades entiendan que los problemas no se pueden esconder la vida entera como la basura debajo de la cama, porque salen a flote y no basta una ley o una sentencia para resolverlos de un plumazo; por el contrario, se necesita de voluntad firme para promover acciones hasta lograr las soluciones. Ahora que está tan en boga hablar de soberanía sería conveniente recordar que para lo primero que debemos usarla es para poner el orden en nuestra casa.
