El presidente de la República está dando los pasos finales para presentar al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Naturalización de Inmigrantes Ilegales. El periplo que agota ante el liderazgo político indica la importancia del asunto y especialmente, la dimensión que le confiere.
Nada hay que comentar que no sepamos sobre los intereses envueltos. Los de la República, los de gobiernos y organismos internacionales que se asumen como defensores de derechos adquiridos y las pasiones entre sectores internos que tienen sus propias visiones sobre la materialización de un mandato dispuesto por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
El propio presidente Medina ha debido reconocer que la República está sometida a presiones. Los agentes se mueven en todas direcciones con propósitos muy diversos, incluso tratando de sumar causas y medios para lo que entienden el sentido de la razón y la justicia, siempre vistas desde sus muy particulares perspectivas.
El mandatario corre riesgos en la misión que tiene por delante. De ahí los movimientos que ejecuta. Ha logrado compromisos adelantados. En otros casos, apoyos condicionados al sentido de la ley, la Constitución de la República y las prerrogativas del Tribunal Constitucional.
Si la iniciativa que envíe al Congreso se enmarca en ese espíritu, probablemente cursará sin tropiezos ante los legisladores. Pero debe caracterizarse por la viabilidad y la razonabilidad. Aparentemente, su responsabilidad termina cuando haya enviado el proyecto.
Desde ese punto de vista debe ser cauto. La realidad es que su responsabilidad podría tener más largo alcance. Entonces, tiene que empeñarse en que las cosas salgan bien.
Dos riesgos fundamentales amenazan al país con esta cuestión. Si la solución conveniente resulta satisfactoria a intereses extraños, pero no se aviene a nuestro ordenamiento jurídico, podría desatar un conflicto que en nada conviene al interés y a la unidad nacional.
Seguimos confiando en la prudencia, inteligencia política y visión estratégica del presidente Medina. Desde esa perspectiva, debe presentar una buena pieza. Los congresistas tienen el deber de valorarla en atención a la Constitución y a la institucionalidad de la República.
