Los intereses de las instituciones gubernamentales que gestionan los recursos hídricos del país, han obstaculizado la aprobación de la Ley General de Agua Potable y Saneamiento, que lleva estancada más de 15 años en el Congreso Nacional.Así lo considera el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, quien responsabilizó a las entidades encargadas de gestionar el agua, como son el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), las corporaciones y las empresas hidroeléctricas de oponerse a su aprobación.
Resaltó la necesidad de que ese instrumento jurídico sea aprobado para que el órgano rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, se encargue de gestionar los recursos y planificar las acciones para la recuperación de las cuencas hidrográficas.
Entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, por el director de este diario, Osvaldo Santana, y los editores de Economía y el Caribe Digital, Héctor Linares y Sandra Guzmán, respectivamente, el funcionario afirmó que en la actualidad esa institución no está facultada para regular el tema, por lo que el pago por concepto de servicios ambientales se realiza a través del Indrhi y de las juntas de regantes, de manera tímida compensando sólo a los de “abajo” de las cuencas.
Faltan leyes complementarias
Dijo que además de la ley de agua, el país precisa de una ley de pago por servicios ambientales, como complemento de la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
Añadió que aunque puede parecer que en el país sobran leyes por falta de cumplimiento, las regulaciones contribuyen a enderezar las naciones.
Afirmó que durante esta gestión de gobierno, el viceministerio de Suelos y Aguas tiene como estrategia fundamental repoblar y restablecer varias cuencas hidrográficas, básicamente la de los ríos Yuna, Yaque del Norte, Sabaneta, Haina y el Ozama, con el apoyo de los moradores de esas zonas. Añadió que desde Guayabal a Padre Las Casas y varios afluentes del río Ocoa, se están haciendo labores de conservación.
Sostuvo que el Estado debe garantizar a los campesinos que habitan en las márgenes de los ríos un modo de vida digno para que sean ellos los responsables de cuidarlos y repoblarlos, y al mismo tiempo que los grandes beneficiarios de las cuencas, como las hidroeléctricas y productores agrícolas compensen por ese servicio.
En ese sentido, dijo que existe un plan para recuperar cauces de ríos, para lo cual se convocará a empresas interesadas a través de un proceso de licitación pública, con el objetivo de mitigar los daños a la agricultura y a las comunidades que causan los fenómenos naturales. Puso como ejemplo los daños causados por el río Ocoa, y Baní donde se perdieron fincas completas.
“Eso es algo prácticamente nuevo en el país, acompañado con compra y contratación pública están diseñando un proceso que conduzca a adjudicar a empresas el reencauzamiento, la canalización de ríos, que tienen estas características con un criterio racional, y científico”.
Ejes estratégicos
Afirmó que otro de los ejes estratégicos de la institución que dirige es impulsar una producción más sostenible y limpia en el país, a través de concursos que premian a las industrias que mejor desempeño tienen en beneficio del medio ambiente.
En otro orden, sostuvo que la entidad tiene como meta adecuar unos 20 parques y áreas protegidas para que sean explotadas racionalmente por los visitantes nacionales y extranjeros que las visitan cada año.
Puso como ejemplo el lago Enriquillo, donde la semana pasada inauguraron un centro de visitación en La Descubierta, el cual será gestionado por una Asociación de Mujeres y que contará con la contratación de guías de la misma comunidad.
Plan de manejo de desechos sólidos
Recordó que el mes pasado el Ministerio de Medio Ambiente lanzó la Política Nacional de Manejo de Residuos Sólidos, en colaboración con técnicos de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) cuyo tiempo de aplicación es de tres años. Los técnicos se encargarán de dar asistencia en la aplicación de esa política.
Aclaró que en aquel momento fue malinterpretado por los alcaldes de los distintos ayuntamientos, ya que lo que se hizo fue un ejercicio para establecer el costo de manejo de una tonelada de residuos sólidos en los vertederos.
Bautista Rojas Gómez insistió en la necesidad de que el país se aboque a desarrollar la industria del reciclaje y a educar a la población para que aprenda a separar los residuos en origen.
Puso como ejemplo los municipios de San José de Las Matas y Las Placetas, donde se realiza un manejo sostenible de los desechos sólidos.
