La deuda pública dominicana alcanzará 60% del PIB en el 2018, si se mantiene el escenario actual de un déficit del sector público (Gobierno Central + resto del sector público no financiero + Banco Central) de 5.0% del PIB y no se ejecutan reformas estructurales que contribuyan a acelerar el crecimiento de la economía.
Como porcentaje de los ingresos tributarios, la deuda ascendería a 428%, superior al nivel del 2012 en España (282%), Italia (320%), Islandia (348%), Portugal (414%), similar al de EUA (428%), y ligeramente inferior al de Irlanda (451%) y Grecia (496%).
El FMI está recomendando ampliar la base tributaria a través de la reducción de la amplia gama de exenciones fiscales vigentes en el país, reducir la evasión fiscal y ejecutar la parte no implementada de la reforma tributaria del 2012. La CEPAL, por su parte, indica que la presión tributaria de 14% es insuficiente para las necesidades que enfrenta el Gobierno dominicano y propone una modificación del sistema tributario que permita aumentar la participación de los impuestos directos, es decir, los que gravan los ingresos, las utilidades y la propiedad, a fin de elevar la progresividad del sistema tributario dominicano y mejorar la equidad distributiva.
Ningún economista sensato del país se atrevería a plantear que con una presión tributaria de 14% el Gobierno dominicano puede manejarse sin incurrir en un déficit cercano al 3% del PIB. No conozco uno que se sienta conforme con el elevado nivel de sacrificio fiscal -6% del PIB-, en que incurre todos los años el Gobierno dominicano como consecuencia del abanico de exenciones tributarias existentes.
Y me atrevería a decir que la mayoría favorecería el cobro de impuestos directos y progresistas de fácil recaudación. Una de las figuras impositivas más progresivas aprobadas recientemente en el país fue el Impuesto de Circulación de Vehículos (ICV) que grava con 1% el valor de esta propiedad “mobiliaria”, el cual sustituiría al actual impuesto de placa. El impuesto fue aprobado junto a otras modificaciones impositivas en la reforma tributaria del 2012. El 60% de los vehículos no sería afectado por la reforma, pues seguirían pagando el monto actual que pagan por la placa. Pero además, apenas el 2% de los automóviles que circulan caen en el período de fabricación 2010-2013, reflejando que los demás se beneficiarían considerablemente de la depreciación acumulada. El Gobierno, sin embargo, decidió dejar sin efecto el cobro de este impuesto, lo cual ha sido recibido con júbilo por nosotros, los 25,505 dueños de vehículos Lexus, Mercedes Benz, BMW, Audi, Jaguar, Porsche, Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Range Rover, Lotus, Maserati y Rolls Royce.
Gracias a la posposición de uno de los impuestos más justos jamás aprobado en el país, el propietario de un Ferrari cuyo costo ronda los 15 millones de pesos, transita por las calles de la capital, pagando un impuesto de placa de RD$2,200 al año, el mismo impuesto que tributa el propietario de un Hyundai Sonata, que cuesta diez veces menos.
Algunos podrían pensar que el ICV de 1% es una barbaridad, pues un Ferrari pagaría en su primer año 150 mil pesos. Los que piensen que ese monto es excesivo podrían averiguar que en Chile los vehículos de ese precio, caen en la categoría del 4.5% de impuesto. En otras palabras, ese Ferrari pagaría en Chile un ICV anual de 630 mil pesos dominicanos. Sí, en el Chile que hoy día tiene la economía mejor valorada de la región y que dentro de poco se convertirá en la primera economía desarrollada de la América Latina. Sí, en el Chile donde los gobiernos de centro derecha y centro izquierda han entendido y apoyado la necesidad de que el Gobierno opere con una presión tributaria mínima de 20%.
El Gobierno dominicano, a pesar de tener el ICV aprobado en la reforma tributaria del 2012, ha preferido extender el régimen de cuasi-paraíso fiscal que prevalece en el país para los vehículos de lujo. Esto debe terminar. Si el Gobierno entiende que el ICV no es lo suficientemente progresivo pues grava con la misma tasa a todos los vehículos, podría someter una modificación del IVC al Congreso que establezca un sistema de tres tasas, 0.5%, 1.0% y 2.0%, que aplicarían para diferentes tramos de valores de los vehículos. Los valores se irían ajustando anualmente a la baja, en la medida en que los vehículos vayan depreciándose.
De esa manera, el impacto sobre los propietarios de vehículos pertenecientes a la clase media, sería mucho más moderado. Un vehículo nuevo de RD$1.5 millones, pagaría la tasa más baja, 0.5%, liquidando un ICV anual de RD$7,500.00, un aumento de RD$5,300.00 con relación al costo actual de la placa. Esa familia de clase media, sacrificaría una cena al año en un restaurant de la capital. Ese sacrificio, el gobierno lo destinaría a mejorar las condiciones de vida del 60% de la población que no pertenece a la alta ni a la media. Contribuiríamos, además, a desmantelar el vigente “laissez faire” tributario que- de mantenerse-, terminará quebrando al Estado dominicano. l
