Pese haber informado que cumpliría la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena respetar la adjudicación de butacas en favor de varias empresas, el Ministerio de Educación no ha acatado la sentencia y ha solicitado su anulación ante el Tribunal Constitucional.
Así denunció Anastasia Romero Mora, abogada de varios de los adjudicados, agregando que no temen que la sentencia sea conocida en el Constitucional, porque están en su derecho, pero que la alta corte tiene mucho trabajo y mientras buscan el tiempo para conocer el caso los pequeños empresarios ven perdida su esperanza de producir las butacas que tanto necesitan los alumnos.
«En esta situación estamos hablando de los planes del presidente de la República que quiere echar hacia delante la Educación en el país y esta actitud del Ministerio choca con esta situación, eso atasca el procedimiento y los planes del presidente», explicó Romero Mora.
Indicó además que la situación es muy seria porque esos pequeños empresarios han incurrido en grandes compromisos para poder dar cumplimiento a los requerimientos de Educación y tener los materiales y el personal que se necesita para la fabricación de estas butacas.
«El Ministerio de Educación convoco a una reunión de urgencia para decir que acatarían la sentencia el mismo día que la recurrieron», sostuvo.
Adujo que hay otros recursos en contra de la licitación.
En octubre pasado, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Educación (Minerd) acoger la adjudicación para la elaboración de 217 mil butacas emitida en favor de varias empresas.
Los jueces Federico Fernández, Mildred Hernández y Rafael Ciprián entendieron que el Minerd vulneró derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la libertad de empresa, derecho al trabajo y la libre competencia con la cancelación de la adjudicación realizada en un procedimiento de urgencia en julio pasado.
