Un grupo de notables ciudadanos, de diferentes áreas de la actividad económica y social, le ha propuesto al presidente Medina la adopción de una serie de acciones que conducirían irremediablemente al aislamiento económico y diplomático del país. Le han pedido, entre otras medidas, el sometimiento de Haití en el Tribunal de La Haya, el rompimiento de nexos con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que se acusa de habernos tendido una encerrona para alcanzar lo que denominan Pacto de Fusión, es decir la integración como un solo estado a las dos naciones que compartimos la isla. Entienden también que debemos salirnos de la OEA, denunciar a la ONU, como cómplice de esa conspiración contra la soberanía y la existencia de la República, y acusar a Estados Unidos y sus centros de poder de formar parte de esa trama.
Las relaciones con otros países que han denunciado la sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado lugar a una serie de expresiones internacionales de rechazo deberían quedar bajo escrutinio o correr la misma suerte, según se desprende de la extensa carta enviada al jefe del Ejecutivo por los destacados ciudadanos.
Tal vez se piense que el aislamiento a que acciones como esas conducirían nos librarían de los efectos de la sentencia en el plano internacional, pero la más elemental lógica sugiere en cambio que la situación se tornaría mucho más complicada y que envolver al gobierno en un plan de esa naturaleza sería fatal e impracticable ya que las consecuencias conducirían a la quiebra nacional, en cualquiera de los sentidos que se le analice. En el complejo mundo actual ni la más fuerte y grande de las autarquías, que evidentemente son cosas del pasado, podría sobrevivir en esas condiciones y en el caso nuestro tal eventualidad nos haría retroceder a un estadio primitivo, que de hecho casi lo somos, sin electricidad y endeudados hasta el tuétano.
