Para eso es vital desarrollar y mantener una infraestructura vial eficiente. Por lo menos así está consignado en el acuerdo suscrito con la Sociedad Fiduciaria Reservas para la construcción del “fideicomiso de operación, mantenimiento y expansión de la red vial principal de la República Dominicana”, (Fideicomiso RD-Vial).
Para cumplir con el objeto del Fideicomiso RD Vial, está contemplado que el Estado dominicano transfiera por un plazo de 30 años, los derechos de cobro y recaudación de las tarifas de peaje y los ingresos provenientes de los mismos, los cuales de conformidad con la Ley No. 278, de 1972, están especializados para el mantenimiento, reparación y construcción de autopistas, carreteras y puentes.
El contrato fue aprobado la noche del miércoles por el Senado y establece que pasarán a ser administrados por el Banco de Reservas los peajes que actualmente controla el Ministerio de Obras Públicas.
Se trata de los ubicados en las autopistas Duarte y 6 de Noviembre, carretera Sánchez y la carretera del Este, hasta Bávaro, los que están en proceso de construcción y los que sean levantados en el futuro, con los recursos producto del fideicomiso.
El fideicomiso se define como el acto contractual mediante el cual una o varias personas (los fideicomitentes, que en este caso es el Estado) transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales a una persona física o persona jurídica, llamada fiduciaria.
El patrimonio se administra con estricto apego a las instrucciones del contrato de fideicomiso y los beneficiarios reciben los beneficios acordados o son restituidos al momento de la extinción del acto, en apego al marco legal vigente.
Fiduciaria Reservas, S. A., en su calidad de fiduciaria, se compromete a recibir y conservar en propiedad fiduciaria (de administración) los bienes y derechos que se le transfieren para constituir el Fideicomiso RD Vial, como un patrimonio autónomo e independiente, separado de su propio patrimonio y del patrimonio del Estado dominicano; así como, de los patrimonios de otros fideicomisos que pueda constituir en el futuro o que tenga a su cargo la Fiduciaria Reservas.
El contrato estipula también que Fiduciaria Reservas, S. A. asume la responsabilidad de destinar los recursos del patrimonio del Fideicomiso RD Vial a la consecución del objeto y fines del mismo; así como al pago de las obligaciones asumidas con cargo y por cuenta del Fideicomiso RD vial, utilizando los recursos líquidos hasta donde éstos alcancen, y debe siempre ejercer su labor con transparencia y eficiencia, comportándose como un buen padre de familia.
El Fideicomiso RD Vial contará con un comité técnico integrado por el ministro de Hacienda, quien lo presidirá; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien fungirá como vicepresidente; y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, quien fungirá como secretario.
Asimismo, se auxiliará de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso Vial, que creará el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dentro de su estructura interna.
La coordinación y fiscalización de labores
La Oficina Coordinadora General del Fideicomiso Vial, que creará el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dentro de su estructura tendrá como objetivo, según dice el contrato, realizar, fiscalizar, coordinar y/o supervisar las labores técnicas y operativas que le encargue el comité técnico en el marco de sus atribuciones, incluyendo agotar los procedimientos que establecen las normas legales sobre compras y contrataciones públicas.
Con el contrato de fideicomiso, Fiduciaria Reservas queda facultada para gestionar y contratar endeudamientos o financiamientos, en el mercado local y en el extranjero, por cuenta y a nombre del Fideicomiso RD Vial, con cargo al patrimonio de éste, pero esos financiamientos y sus respectivas garantías no podrán pactarse en ningún caso más allá del plazo de duración del Fideicomiso RD Vial.
El proyecto para la creación del contrato de administración para el cobro de las tarifas de los peajes a cargo de la Sociedad Fiduciaria Reservas fue sometido el 28 de octubre a la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo.
