Los directivos del Sistema Nacional de Armas (Sisna) defendieron ayer el costo asignado a la prueba de balística para la expedición y renovación de licencia para armas de fuego. La dependencia del Ministerio de Interior y Policía cobra por el servicio 3,267 pesos, pero el director del Laboratorio Balístico y Biométrico del Sisna, Samuel de Moya, asegura que no se trata de un impuesto, sino del costo de un servicio que se cobra para mantener la estructura que permite el funcionamiento de esta nueva unidad.
“Por qué este costo? Pues la captura de las huellas balística biométrica tiene una plataforma tecnológica muy costosa. Para que se tenga una idea, los equipos de digitalización son enormemente caros”, explicó De Moya.
Dice que el centro tiene una empleomanía de unas 80 personas, lo que representa un costo que deben cubrir, en parte, con el cobro de este servicio.
Renovar o tener un permiso
De Moya dijo que hace un mes que se inició el proceso para la prueba de balística, tanto para los aspirantes a tener un arma como para quienes desean renovarla. Un promedio de 100 usuarios acude diariamente a realizarse la prueba. Los directivos del Sisna dicen que ofrecen un servicio de calidad, a cargo de un equipo de profesionales entrenados.
Sin embargo, las personas que entienden necesario tener un arma de fuego y tienen que pagar este servicio, adicional al que pagan por concepto de emisión o renovación de licencia de porte y tenencia, tienen un punto de vista distinto.
Algunos entienden que el cobro es muy alto, por lo que desde ya vislumbran otras alternativas.
“Uno lo paga, porque como quiera hay que hacerlo. Pero no es fácil, está muy cara esta prueba”, señaló Juan Francisco Padilla Rojas.
El señor Padilla Rojas viajó desde San Francisco de Macorís hasta la capital, solo para cumplir con este requisito pautado por el Ministerio de Interior y Policía.
El Sisna no tiene aún sucursales en el interior del país, lo que significa que a portadores de armas como Padilla Rojas, se le añade también el costo del combustible o del pasaje si viajan en transporte público.
La alternativa que algunos usuarios de armas de fuego están proyectando, es la compra de escopetas, a las que no se le aplica la prueba de balística.
De esta forma, evaden tener que pagar los 3, 267 pesos. La prueba de balística solo se le hace a las pistolas y revólveres.
Los dueños de armerías están conscientes de que el pago de este servicio podría afectar la venta de armas de cañón corto.
“Las venta de escopetas no nos perjudica, porque no llevan pruebas balísticas, además de que tienen licencia permanente”, señala Julio Rodríguez, propietario de una armería situada en las proximidades del cuartel general de la Policía.
Registro de armas
La prueba de balística permite que el Ministerio de Interior y Policía cuente con una base de datos o registro público de las armas legales que hay en República Dominicana, que se estiman son cerca de 235 mil.
El Sisma hace dos registros, uno balístico y otro biométrico. El primero capta informaciones relativas a las armas de fuego y el segundo los datos particulares del portador.
Cada mes se vencen 10 mil permisos
Amparado en el artículo 27 de la Ley 36 sobre comercio, porte y tenencia de armas de fuego, el Ministerio de Interior y Policía puede incautarse de las armas cuyos propietarios no hayan renovado la licencia.
Se estima que cada mes se vencen en el país alrededor de 10,000 permisos de porte y tenencia de armas de fuego. La mayoría de las armas de fuego legales están en manos de civiles y un porcentaje mínimo es de empresas de seguridad.
Como forma de motivar a los propietarios de armas a acudir a las pruebas balísticas, Interior y Policía promueve una gracia para todos los que tienen varios años de atraso en la renovación, a los fines de que sólo paguen este año.
El Ministerio de Interior y Policía informó que el proceso para la instalación del laboratorio de pruebas biométricas y de balística conlleva una inversión gradual estimada en RD$900 millones a ser concluida en un período de tres años. Aunque la iniciativa es parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, no se conocen detalles del procedimiento para contratar a la empresa que opera las pruebas en sociedad con el Estado dominicano.
