La semana pasada el movimiento campesino dominicano dio un paso adelante en procura de poner la pequeña producción agrícola en la agenda de políticas públicas. Presentó un conjunto de propuestas en cinco ámbitos críticos: tierra, riego, crédito y aseguramiento, tecnologías y comercialización y vinculación a los mercados.
Por años, el país no sólo no ha contado con políticas públicas específicas para la pequeña producción, sino que el objetivo de las políticas agrarias ha sido principalmente alimentar las ciudades. El bienestar de productores y productoras, la sostenibilidad y rentabilidad de las unidades productivas y la transformación tecnológica han tenido una escasa prioridad. Según los últimos datos disponibles, el 65% de los productores tienen menos de 50 tareas y el 81% menos de 100 tareas.
Las propuestas procuran sentar bases para un diálogo con el gobierno y otros actores relevantes del sector, y apuntan a la necesidad de definir, como se ha hecho en muchos otros países de la región, un concepto de pequeña agricultura o agricultura familiar campesina que permita focalizar las intervenciones y hacerlas operativas.
Se trata de propuestas que buscan que las políticas tengan un carácter integral, es decir, que las intervenciones en cualquiera de los ámbitos como crédito, riego o comercialización, estén articuladas entre ellas, en procura de objetivos comunes, y que las intervenciones se adapten a las condiciones físicas y sociales de los territorios.
Una pieza fundamental para el combate a la pobreza en las zonas rurales es contribuir a dinamizar la economía de esos territorios, y a hacer que los negocios, especialmente los de los más pobres, sean más productivos. De allí que el fomento de la pequeña producción agropecuaria sea clave.
En materia de tierras, el movimiento campesino plantea que debido al limitado alcance de la reforma agraria y al magro apoyo complementario, la escasez de tierra sigue siendo una importante restricción para la producción. Algunas de sus propuestas apuntan a acelerar los procesos de titulación definitiva, a incorporar a representantes campesinos en la Comisión de Titulación, a crear programas de titulación o de derecho a usufructo para pequeños productores que usufructúan tierras del Estado, y la creación, a partir del IAD, de un instituto especializado en reforma agraria y desarrollo rural integral.
En materia de agua, destacan la muy desigual distribución del riego en el país, tanto en cultivos como en territorios, el colapso del gasto en riego, y la necesidad de superar los tradicionales e ineficientes sistemas de riego en base a presas y canales. De allí que propongan recuperar el gasto público en riego, asumir obras prioritarias del Plan Hidrológico Nacional, poner énfasis en sistemas de riego más eficientes, garantizar que en la nueva Ley de Agua se impida la exclusión en el uso y la apropiación privada del recurso, e impulsar el sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en beneficio de los productores que cuidan las cuencas hidrográficas.
Con respecto al crédito y al aseguramiento, el movimiento campesino destaca que tradicionalmente el crédito público ha cubierto menos del 20% de la superficie cultivada, que la pequeña producción no accede al crédito privado y que el financiamiento se concentra en arroz. Proponen superar la lógica del crédito sólo para cultivar, y dirigirlo hacia la inversión para el cambio tecnológico, el riego y el fortalecimiento de la capacidad de comercializar en colectivo. También proponen generar incentivos para reducir las barreras al crédito privado.
En materia tecnológica proponen impulsar nuevos programas de extensión con tres prioridades: producción de alimentos, productores/as en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, y productos con potencial exportador.
También sugieren priorizar intervenciones a través de los colectivos de productores, retomar los programas de semillas y maquinarias, y asumir en serio la promoción de la agroecología y la producción orgánica.
Sobre comercialización, proponen impulsar programas de fortalecimiento asociativo para la comercialización, promover vínculos comerciales estables y ventajosos para la pequeña producción con el sector privado procesador y comercializador, y crear un sistema público de información comercial y de precios de alimentos.
Por último, las propuestas no es sólo un pliego de demandas al Estado. El movimiento reconoce la enorme responsabilidad que tiene en aportar, empezando por mejorar y fortalecer sus organizaciones. En sus propias palabras: “esto es cosa de dos”.
