Durante el verano de 1965, un grupúsculo de profesionales de las nuevas tecnologías que desde la CFI había promovido Manuel de Jesús Tavares Espaillat, primer encuentro de pioneros de cambios estructurales para el país, sostenía cada tarde, sin agenda, reuniones para discutir temas libres sobre el desarrollo de nuestra sociedad. Todos habíamos sido educados ignorantes de los problemas sociales y humanos durante la dictadura, y talvez ese valioso tiempo vespertino había sido premio que la UCMM nos regalaba para que nosotros mismos completásemos nuestra educación.
Siempre elegíamos temas sobre los cuales ninguno del grupo tenía estudios ni lecturas importantes. Era norma que la temática tratara sobre asuntos de justicia social y del ejercicio de la libertad individual. En uno de los primeros coloquios discutimos sobre el significado de la palabra justo, y aunque no hubo consenso, quedó en el aire la percepción de que justo es todo cuanto sea congruente con los intereses de la clase dominante.
Entonces no estuve entre quienes aceptaron tal concepto, por pensar que lo justo debería definirlo una sentencia judicial, con base legislativa; es decir, la decisión de un juez cuya decisión se fundamente en códigos y leyes.
Pero en esta republiqueta, como la llama uno de mis queridos amigos, si alguien viola una ley, la Policía, que debe ser instrumento del Poder Judicial, cree tener derechos por encima de la Constitución, sobre los poderes e instancias del Estado, para que su jefe haga lo que le da la gana. Y eso es dictadura escondida.
No estoy de acuerdo con la existencia de entidad policial nacional de ningún sitio, aunque se llame FBI, u otra sigla famosa. Tampoco con la construcción de archivos personales por encima de decisiones judiciales cuando alguien, privado u oficial, decida averiguar sobre la vida suya. Mucho menos con que a usted, por sus creencias, se le califique como ente de riesgo y se le vigile como criminal en potencia.
Creo aberrante que una entidad ejecutiva se sienta con la obligación de detener en una vía a una persona porque su físico le luzca sospechoso, ni que tenga autoridad para meterlo en un vagón para deportarla, pues es ese gorila quien viola principios legales. Tal clase de animal no puede administrar una función consagrada como derecho humano en nuestra Constitución. No es procurador, ni fiscal, ni juez. Pero en esta republiqueta es quien deporta, porque por encima de la Constitución se le entrega autoridad para hacerlo. Y esa ilegal autoridad también produce dineros para el zoológico. La deportación es decisión judicial. Nunca administrativa.
