A nadie le cabe duda de que uno de los principales males que afectan nuestro país es la arraigada cultura de ilegalidad, que no solo hace que las leyes no se cumplan sin ninguna consecuencia, sino que sean moldeadas a la medida de los actores de turno. El sector eléctrico es el pelo en el sancocho del tan proclamado crecimiento económico de las administraciones del PLD. Lejano está el momento en que los líderes de ese partido promovieron una reforma estructural de dicho sector, con el vicio de origen de que no era una reforma total sino parcial, pues el modelo de capitalización hacía coexistir los capitales privados con el sector público.
Cohabitación que fue efímera en el área de distribución hoy totalmente estatal, principalmente debido a la resistencia de los políticos a entender que la energía es un bien escaso y caro, que debe ser pagado por todos y utilizado racionalmente.
El presidente Medina propuso un anteproyecto para la creación de un Ministerio de Energía y Minas, que desde el principio muchos opinamos que no podría cumplir con sus propósitos ni se justificaba su creación, ya que se mantenían todos los organismos existentes en el sector y se anticipaba que sería imposible que éste los tutelara.
No obstante, mediante Ley 100-13 fue creado dicho Ministerio, estableciéndose que le correspondería en su calidad de órgano rector del sistema “la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores”, quedando adscritos al Ministerio, entre otros organismos, la CDEEE.
Como si no hubieran conocido el alcance del anteproyecto sometido, las autoridades esperaron la promulgación de la ley, para poco tiempo después decidir enviar un proyecto de modificación a la misma, que postergue por cinco años las atribuciones, facultades y funciones que en la actualidad están a cargo de la CDEEE.
Por coincidencia lo hicieron el mismo día en que prorrogaron el decreto de medidas de austeridad para todas las entidades públicas, lo que evidencia un gran contrasentido, pues para qué haber creado un nuevo Ministerio rector del sector, si no existía la voluntad política para aceptar el ejercicio de esa rectoría.
Ya una vez había sucedido algo parecido en relación a la CDEEE, cuando en 1998 el Poder Ejecutivo vetó la aprobada Ley General de Electricidad principalmente porque no se había dispuesto la total desaparición de la entonces CDE. Eso provocó que el proceso de reforma del sector eléctrico tuviera que hacerse mediante resoluciones, sin una ley especial del sector y el resultado fue que a pesar de que la CDE fue transformada en la CDEEE en la Ley General de Electricidad finalmente votada en el año 2001, sigue siendo el órgano político y decisor en el sector eléctrico. Paradójicamente el mismo partido que vetó la ley hace 15 años porque entendía que la CDE debía desaparecer, hoy pide modificar la nueva ley creada por ellos mismos para dejar que la CDEEE continúe siendo la líder de un sector, del que si no erradicamos la política, seguiremos dando palos a ciegas.
