Indiscutiblemente fue un punto a favor del Gobierno lograr “tumbar el pulso” a la multinacional Barrick Gold en algunos aspectos de su acuerdo de explotación minera con el Estado dominicano, tales como establecer que las ganancias dependan del precio del oro en el mercado internacional, reducir la tasa de depreciación de capital, entre otras cosas de vital importancia que sin dudas se traducirán en beneficios para el país y que mejoran con creces el contrato negociado por el anterior Gobierno.
Sin embargo, hay algunos artículos en las enmiendas al contrato con la Barrick depositado en el Congreso Nacional que parecen privilegiar a la empresa en formas que podrían significar una innecesaria compensación y que deberían ser revisados con cuidado.
Por ejemplo, en el nuevo contrato, el país otorgará una concesión por 40 años a la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) para construir y operar una planta de electricidad de su propiedad, denominada Quisqueya I, con capacidad para generar 215 megavatios y con una línea de transmisión privada que transportará energía desde San Pedro de Macorís. De igual modo, el Estado dará facilidades a Barrick Gold para construir una línea de transmisión secundaria y la empresa podrá vender excedentes de energía como auto-productor a través del SENI (Sistema Eléctrico Nacional Interconectado).
Lo anterior significa que Barrick por un lado podrá abastecerse con su propia electricidad y por otro lado podrá incursionar en el mercado eléctrico, que es un negocio millonario en el país, como cualquier otra empresa generadora, con la ventaja adicional de que cada uno de estos sistemas de generación estarán exentos del pago de todo tipo de impuestos. En otro orden, el Estado tiene la obligación de reembolsar a la minera un total de US$4.5 millones para asumir el costo inicial del mantenimiento medioambiental. No obstante, no hay informaciones públicas claras respecto a las condiciones de dicho manejo del medio ambiente.
El proyecto está siendo estudiado en estos momentos. La comisión bicameral del Congreso conformada para analizar las enmiendas al acuerdo entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Gold está en sesión permanente para escuchar opiniones de varios grupos y convocar ministros que deben interesarse en el tema, como el ministro de Medio Ambiente. Es necesario que dicha comisión ignore los aplausos y haga un análisis crítico, contemplando plantear al Ejecutivo opciones interesantes como la separación de la parte minera y la parte eléctrica en dos contratos, u otras alternativas que garanticen mayor justicia y equidad en la negociación.
