Implicaciones del subregistro civil

Uno de los tantos problemas graves no considerados como tales que padece la República o sus pobladores, es el subregistro de nacimientos, no sólo por lo que significa en términos individuales y familiares, sino por las implicaciones sociales, con&#8230

Uno de los tantos problemas graves no considerados como tales que padece la República o sus pobladores, es el subregistro de nacimientos, no sólo por lo que significa en términos individuales y familiares, sino por las implicaciones sociales, con énfasis en los derechos de ciudadanía.Los programas de inclusión ciudadana que desarrolla el gobierno a través del Gabinete de Políticas Sociales son el mejor ejemplo de cómo las personas identificadas en situación de pobreza extrema se condenan a un segundo nivel de marginalidad o exclusión. Cuando el trabajo de campo determina que una determinada familia califica para ingresar al programa, los promotores sociales quedan frustrados, en estado patidifuso,  al descubrir que ninguno de los miembros están registrados como ciudadanos o pobladores de la República. No existen como tales, porque durante tres generaciones nunca jamás fueron declarados en las Oficialías del Estado Civil. Y eso plantea otro problema: la necesidad de incorporar a la vida civil a miles de dominicanos, tan marginados, que ni siquiera han podido obtener una identidad y un nombre,  que es, tal y como establece la Constitución, un derecho fundamental.

Y eso ocurre todos los días. Lo confirma el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, cuando revela que de 80 mil 94 niños nacidos el año pasado, sólo 32 mil 468 fueron asentados en tiempo oportuno en los libros del registro civil, apenas el 40 por ciento.

Todo ello, pese a que el 97 por ciento de las dominicanas están pariendo sus hijos en centros hospitalarios públicos, en los cuales la JCE tiene oficinas de registro de nacimiento, al menos en las 62 ciudades más pobladas.

Si ese comportamiento se explica en la falta de una cultura registral, la mayor responsabilidad recae sobre las instituciones, estamentos e instrumentos del Estado. También habría que incluir a los padres, a veces irresponsables, generalmente víctimas de su propia ignorancia por la falta de acceso a la información.

La JCE y Salud Pública pueden coordinar políticas para mejorar un problema tan elemental como el registro de los nacimientos.

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