Los procesos electorales en América Latina y el mundo, regularmente son cuestionados, casi siempre el perdedor acusa al ganador o a la autoridad encargada del montaje del certamen electoral de haber cometido fraude.Partiendo de la experiencia adquirida de quien suscribe, entre el período 2006-2010, cuando fui miembro de la Junta Central Electoral (JCE) y posteriormente participamos como observador en las elecciones generales de Paraguay en el 2013, las elecciones regionales de Venezuela del 2012, y antes en la elección del Presidente y Vicepresidente de Colombia en el 2010, todos estos acontecimientos electorales nos permitieron recoger información referente a las incidencias ocurridas durante los certámenes efectuados, los cuales se hicieron eco en la prensa. En ese mismo orden, hemos seguido de cerca todas las informaciones referentes a los diversos eventos electorales, incluyendo aquellos en los que no participamos y que fueron celebrados en América Latina.
En este sentido, denotamos que siempre ha existido una duda racional dentro de los candidatos de los partidos políticos, que días antes del escrutinio presumen sus éxitos en una determinada comunidad, pero al cierre de la votación y durante el conteo de votos, se les informa que en esa comunidad han perdido; es ahí donde entra la suposición de que hubo un fraude o de que se vendió el dirigente político de esa localidad, por ende, los delegados actuantes en las mesas electorales.
Es preciso que señalemos que esta acción ha sido planteada en varias ocasiones por los candidatos que participan en las contiendas electorales, tanto en la República Dominicana, como en varias naciones en las que hemos participado como observador electoral; pero este caso, según hemos podido constatar no se ha llevado a la justicia, porque las denuncias o querellas que debieron producirse en el tiempo hábil que establece la ley, no fueron efectuadas ante la autoridad competente.
Por lo regular los candidatos afectados terminan por atribuir el grado de culpabilidad a la autoridad competente del conteo de votos de las comunidades, en nuestro caso las denominadas juntas electorales. En este claro estado desinformativo, es que se pretende gestionar la regulación del proceso, no precisando que el mal que les atañe proviene del conteo en la mesa o colegio electoral y es allí donde la legislación dominicana, mediante la Ley Núm.
275-97, Ley Electoral que en su artículo 59, sobre las funciones de los delegados menciona: “Toda comunicación, petición, reclamación, protesta, impugnación o recurso, podrán ser presentados por mediación de dichos delegados, a menos que los organismos competentes de los partidos representados adopten y comuniquen otras decisiones en virtud de sus disposiciones estatutarias”.
Otro de los incidentes denunciados comúnmente por los dirigentes y entusiastas políticos, es el ya conocido hecho de compra de Cédulas o Registro Electoral, en este caso sucede lo mismo; éstos se querellan ante la prensa y ante los miembros de los colegios electorales, pero en pocos casos, se dirigen a la Junta Electoral, que es la autoridad competente para desplazarse y comprobar los hechos y actuar según lo establece la Ley.
Qué casos similares han sucedido en otras naciones donde por medio de filmaciones clandestinas, realizadas por personas ajenas a la administración del proceso electoral, se ha podido establecer el grado de culpabilidad de los infractores o denunciados, que ante los ojos de la nación han quedado expuestas sus intenciones de lesionar el derecho al sufragio activo de los electores, tal fue el caso de las elecciones de Paraguay 2013, que fue capturado en video el senador Silvio Ovelar, quien pretendió la compra de votos, resultando que estas imágenes demostraran que las constantes denuncias sobre la compra de votos en Paraguay, eran reales y motivó la convocatoria de una sesión extraordinaria del Senado, que decidió suspender al precitado senador por conducta indigna en el ejercicio de sus funciones.
En el caso enunciado anteriormente, resultó fehaciente y bien intencionada la procura de la filmación de hechos delictivos o fraudes electorales. Pero, nos preguntamos, ¿qué ha pasado en otros casos, donde las filmaciones clandestinas procuran dañar el proceso electoral y desinformar la nación?, tal fue el caso de un video que circuló durante el proceso y montaje del certamen electoral en Paraguay, donde una filmación de una urna electrónica de votación (para capacitación) se pretendió pasar por una real, y que la misma durante la prueba contemplaba una diferencia entre la cantidad de votos realizados y los impresos, esto llevó a que la Justicia Electoral de la República de Paraguay, mediante sus técnicos en una rueda de prensa desmintieran el contenido del video, estableciendo sus intenciones.
